La doctora cubana Elisbet Cardero, de 37 años, fue liberada esta semana tras pasar más de 20 días detenida en un centro de transición de inmigración en Broward, Florida. Cardero, quien ingresó a Estados Unidos en 2022 y estaba en proceso de asilo con un formulario I-220A, fue arrestada el pasado 11 de marzo tras acudir a una cita de inmigración en Miami.
Según explicó su abogada, Ralip Hernández, la detención no estuvo relacionada con delitos penales, sino con un aparente error administrativo: la médica no notificó correctamente un cambio de dirección tras haberse mudado a Texas. "Logramos demostrar que mi cliente no representa ningún peligro para Estados Unidos", indicó Hernández, tras conseguir su liberación bajo fianza de 20,000 dólares.
Cardero había llegado al país a través de la frontera en 2022 y se le concedió una I-220A, documento que le permitió continuar su proceso en libertad. Sin embargo, al asistir a su cita migratoria, fue arrestada abruptamente. "De un momento a otro, pasó de ser una solicitante de asilo en proceso a una detenida en espera de resolución", explicó su prima, Betsy Cardero, quien añadió: "Está muy mal, demasiado estresada… en un limbo".
El caso ha generado preocupación entre la comunidad migrante, al evidenciar cómo errores burocráticos pueden poner en riesgo la libertad de personas en situación regular. "Una persona sin récord criminal, sin un problema legal, fue detenida solo por no hacer el cambio de dirección como se establece a través de los canales legales", detalló la abogada, quien recordó que muchos inmigrantes desconocen la obligación de actualizar su dirección con las autoridades cada vez que se mudan.
“El proceso es sencillo y puede hacerse en línea, pero no hacerlo puede generar problemas graves”, advirtió Hernández, quien enfatizó que los inmigrantes con casos abiertos ante ICE deben ser especialmente cuidadosos: “Cualquier inconsistencia en su expediente podría derivar en detenciones inesperadas”.
En las últimas semanas, diversos casos similares han sido reportados, especialmente entre ciudadanos cubanos bajo el mismo estatus migratorio (I-220A). El 10 de marzo, al menos cinco mujeres cubanas fueron detenidas en la oficina de ICE en Miramar durante sus citas programadas. Varias de ellas, como Beatriz Monteagudo y Denice Reyes, fueron trasladadas a centros en otros estados sin información clara sobre su destino.
El 25 de marzo, Esteban García del Toro, periodista cubano exiliado, fue arrestado en una cita en Orlando, a pesar de estar en proceso de residencia por matrimonio con una ciudadana estadounidense. Otros casos recientes incluyen el de Ariel Rodríguez Gutiérrez, víctima de un fraude migratorio, y el de Eduardo Núñez, arrestado frente a su casa en Miami mientras sacaba la basura.
El contexto general se ha tensado desde que el 25 de marzo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la revocación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. A partir del 24 de abril, los permisos activos dejarán de tener validez, y quienes no hayan ajustado su estatus podrían enfrentar deportaciones rápidas.
Casos como el del presentador Diony Osniel López Díaz, en Miami, reflejan la angustia de miles de migrantes que ahora se ven obligados a abandonar el país o enfrentar procesos legales. La pareja de opositores cubanos Lázaro Yuri Valle Roca y Eralidis Frómeta también recibió notificación de salida, lo que ha sido descrito por ellos como “una condena de muerte” si regresan a Cuba.
La situación ha generado un debate intenso en redes sociales, comunidades migrantes y sectores políticos. La congresista María Elvira Salazar pidió públicamente a las autoridades migratorias que detengan las detenciones de personas con I-220A y permitan que sus casos de asilo sean escuchados. "Estoy pidiendo a gritos que les den el Parole in Place", declaró.
Expertos en leyes migratorias insisten en que muchos de estos detenidos no tienen antecedentes penales y cumplen con las condiciones impuestas por ICE. No obstante, las nuevas directrices adoptadas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia han multiplicado los temores en la comunidad cubana en EE.UU., que ahora enfrenta una incertidumbre creciente.
Mientras tanto, Elisbet Cardero continuará su proceso legal en libertad, pero su caso es un reflejo más de un sistema que, en un contexto de cambios normativos recientes, pone en vilo la vida de miles de migrantes.
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