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Un padre salvadoreño residente en Maryland fue deportado por error a El Salvador y actualmente permanece recluido en la megaprisión del régimen de Nayib Bukele, según reconoció la administración Trump en una reciente presentación judicial citada por The Atlantic.
Kilmar Ábrego García, quien llegó a Estados Unidos en 2011 huyendo de las pandillas, había recibido una suspensión de deportación en 2019 tras ser considerado un objetivo probable de violencia si era devuelto a su país.
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Casado con una ciudadana estadounidense y padre de un niño de cinco años con discapacidad, Ábrego García no tiene antecedentes penales y trabajaba como aprendiz en una empresa metalúrgica en Maryland.
El 12 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron alegando un cambio en su estatus migratorio. En cuestión de días fue incluido como suplente en un vuelo de deportación hacia El Salvador, sin que el manifiesto indicara su protección legal, y terminó siendo trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión símbolo de la llamada “mano dura” de Bukele.
Las autoridades estadounidenses reconocieron que la deportación fue un “descuido” causado por un “error administrativo”. Sin embargo, los abogados del gobierno argumentan que los tribunales carecen de jurisdicción para ordenar su regreso, ya que ahora se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño.
“Afirman que el tribunal no tiene poder para ordenar ninguna medida de amparo”, declaró el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Ábrego García. “Si eso es cierto, las leyes de inmigración carecen de sentido”.
La familia del salvadoreño, que no ha tenido contacto con él desde su deportación, lo identificó en fotografías difundidas por Bukele en redes sociales. En las imágenes aparece con la cabeza gacha, siendo arrastrado por guardias encapuchados del CECOT, junto a otros supuestos pandilleros.
Aunque ICE alega que Ábrego García es miembro de la MS-13, las pruebas que sustentan esa afirmación son débiles, según su defensa. Un testimonio no corroborado durante una detención en 2019 fue desestimado incluso por la policía local. Pese a ello, el gobierno utilizó esa acusación como justificación para deportarlo.
El caso ha causado alarma entre defensores de los derechos migratorios, que temen que se trate de una estrategia deliberada para evadir el control judicial. “Creen que pasar por el proceso del juez de inmigración toma demasiado tiempo y temen no ganar todos sus casos”, afirmó Sandoval-Moshenberg.
The Atlantic informó que la administración Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar vuelos masivos de deportación, incluidos dos aviones con venezolanos y otro con salvadoreños, enviados el 15 de marzo.
El gobierno de El Salvador, por su parte, ha capitalizado políticamente la llegada de estos deportados. “¡Ups!”, escribió Bukele en tono burlón tras la difusión de las imágenes del operativo en el CECOT.
Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han respondido a las solicitudes de comentarios. Mientras tanto, la familia de Ábrego García sigue esperando respuestas, temiendo por su seguridad en una de las prisiones más represivas del continente.
Deportaciones y acercamientos entre Trump y Bukele
El caso de Ábrego García se produce en medio de una ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump, que ha comenzado a deportar masivamente a presuntos pandilleros salvadoreños y venezolanos a la megaprisión CECOT, en El Salvador, calificada por expertos como una de las cárceles más represivas de América Latina.
Bukele aceptó la llegada de estos deportados bajo el argumento de combatir el crimen internacional. En un tuit reciente, Trump utilizó un tono irónico para elogiar y agradecer la decisión del presidente salvadoreño, refiriéndose a la prisión del CECOT como un “lugar maravilloso para vivir”.
Ambos líderes se reunirán próximamente en Washington, en un encuentro que ha generado polémica por las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario salvadoreño y por el uso político de las deportaciones.
La colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre el uso de la etiqueta de “terroristas” para justificar detenciones sin debido proceso y deportaciones como la de Ábrego García.
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