El régimen cubano revocó la libertad condicional del preso político Jaime Alcides Firdó Rodríguez, excarcelado el 19 de enero de 2025, como resultado de un acuerdo mediado por el Vaticano.
Firdó Rodríguez había sido condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas multitudinarias pacíficas que se desataron en Cuba en julio de 2021. Desde el 1 de abril, permanece recluido en la unidad policial del Capri, en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión, según informó en redes sociales el centro de asesoría jurídica Cubalex.
La madre del joven contó a esa organización que su hijo fue citado varias veces por un oficial de la Seguridad del Estado, identificado como Ariel, quien intentó convertirlo en informante, pero el preso político se negó.
"Al negarse, fue amenazado con la revocación de su libertad condicional", contó Yuneisy Rodríguez García en video.
Hasta este momento, los familiares del prisionero no han recibido ningún documento oficial que explique los motivos de la revocación ni que demuestre un incumplimiento de los términos establecidos. "Esta falta total de transparencia profundiza la arbitrariedad del proceso", denunció Cubalex.
"A mi hijo lo revocaron, porque dicen que tiene una denuncia, y no quieren decir quién lo denuncia y por qué", explicó la madre.
Este caso constituye el primero de revocación de la excarcelación que el régimen inició en enero tras la decisión de la administración Biden de excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
En marzo, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba anunció la culminación del proceso tras la "liberación" de 553 reclusos, y la vicepresidenta de ese órgano aseguró que el procedimiento finalizó de manera "exitosa" y se dividió en dos fases: 378 solicitudes aprobadas en enero y 175 en febrero.
Sin embargo, la medida no constituyó una liberación total. Las autoridades enfatizaron que los beneficiados recibieron una "excarcelación anticipada" y que continúan cumpliendo su condena bajo ciertas condiciones.
Entre las medidas de control de los excarcelados está la obligatoria comparecencia regular ante un juez y el cumplimiento de sanciones accesorias. En caso de incumplimiento, el beneficio podría ser revocado y los reclusos regresarían a prisión.
Datos recopilados por la organización Justicia 11J indican que 202 personas liberadas son presos políticos. Una lista contiene los nombres de cada uno de ellos.
Una cantidad significativa de los excarcelados son reclusos comunes. No existen cifras oficiales que permitan conocer la proporción exacta, pero los testimonios recopilados sugieren que la mayoría de los beneficiados con la medida del régimen no eran prisioneros de conciencia.
El Gobierno cubano se limitó a indicar que los 553 favorecidos habían sido condenados por "diversos delitos" sin especificar el tipo de infracciones cometidas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos incrementó la cifra con nuevos datos y señaló que solo 212 excarcelados son presos políticos.
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