Jueza ordena devolver a EE.UU. a migrante deportado "por error" a El Salvador

Una jueza federal en Maryland ordenó por segunda vez a la administración de Donald Trump que regrese a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador, pese a contar con protección judicial para permanecer en Estados Unidos.

Este domingo, la jueza Paula Xinis, del Tribunal Federal de Distrito, reafirmó su fallo previo y dio al gobierno hasta las 11:59 p.m. de este lunes 7 de abril para facilitar el regreso de Ábrego García desde la prisión de máxima seguridad salvadoreña.

La magistrada advirtió que la deportación ocurrió “sin autoridad legal”, sin justificación para su detención ni para su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política de “mano dura” de Nayib Bukele.

Ábrego García, de 29 años, fue deportado el 15 de marzo en uno de tres vuelos que el gobierno de Trump organizó utilizando la Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, para expulsar rápidamente a migrantes acusados de vínculos con pandillas. Aunque los otros dos vuelos trasladaban venezolanos, el suyo fue destinado a El Salvador, pese a que no existía orden judicial válida contra él, como reveló The New York Times.

El migrante había recibido en 2019 una retención de expulsión que lo protegía de ser enviado a su país natal, donde podría enfrentar persecución por parte de pandillas. Su caso, además, había generado alarma por el uso de vías excepcionales para justificar su remoción.

Casado con una ciudadana estadounidense y padre de tres hijos —uno de ellos con discapacidad—, Ábrego vivía en Maryland y trabajaba como aprendiz de hojalatero. Su esposa, Jennifer Stefania Vasquez Sura, celebró la nueva orden judicial entre lágrimas y vítores de una multitud que la acompañaba frente a la corte.

Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió que Ábrego “no debió ser deportado” y reconoció no saber por qué seguía detenido. Poco después, fue puesto en licencia administrativa, según informó CNN en Español. La jueza Xinis cuestionó duramente al gobierno por no aportar pruebas creíbles sobre los supuestos vínculos del salvadoreño con la pandilla MS-13, una acusación utilizada para justificar su expulsión.

“Cuando alguien es acusado de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se debe presentar una acusación formal, una denuncia y un proceso penal riguroso. Aún no he oído eso del gobierno”, expresó Xinis durante la audiencia.

La defensa del migrante, liderada por el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, considera que el caso podría marcar un precedente para otros migrantes afectados por deportaciones aceleradas sin el debido proceso. “No fue la maldad de intentar herir a Kilmar”, dijo. “Fue la maldad de la apatía en cuanto a si deportan o no a la persona correcta”.

La administración Trump ha solicitado al Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito que pause el fallo de Xinis. Medios locales que se han hecho eco del caso como Telemundo y Univision, refieren que la jueza consideró inválidos los argumentos de que el gobierno no tiene jurisdicción sobre alguien que ya no está bajo su custodia. “Habiendo confesado un error grave, ahora argumentan que este tribunal carece de poder”, escribió en su fallo.

La fiscal general Pam Bondi también criticó al abogado suspendido, diciendo en una entrevista con Fox News Sunday que sus comentarios eran equiparables a una confesión en juicio penal. Mientras tanto, la exfiscal Stacey Young, fundadora de Justice Connection, defendió a Reuveni, asegurando que los abogados del Departamento de Justicia deben enfrentarse a dilemas imposibles entre la obediencia presidencial y el deber ético.

En paralelo, el caso ha provocado temor y movilización en comunidades migrantes, especialmente entre los salvadoreños en Maryland.

Mientras su familia aguarda noticias, Kilmar Ábrego García permanece en una de las cárceles más peligrosas del continente, con el reloj corriendo en su contra.