Jueza ordena devolver a EE.UU. a migrante deportado "por error" a El Salvador

La jueza Paula Xinis ordenó al gobierno de Trump devolver a EE. UU. a Kilmar Ábrego García, deportado erróneamente a El Salvador sin justificación legal, tras acusaciones infundadas de vínculos con pandillas.


Una jueza federal en Maryland ordenó por segunda vez a la administración de Donald Trump que regrese a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador, pese a contar con protección judicial para permanecer en Estados Unidos.

Este domingo, la jueza Paula Xinis, del Tribunal Federal de Distrito, reafirmó su fallo previo y dio al gobierno hasta las 11:59 p.m. de este lunes 7 de abril para facilitar el regreso de Ábrego García desde la prisión de máxima seguridad salvadoreña.


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La magistrada advirtió que la deportación ocurrió “sin autoridad legal”, sin justificación para su detención ni para su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política de “mano dura” de Nayib Bukele.

Ábrego García, de 29 años, fue deportado el 15 de marzo en uno de tres vuelos que el gobierno de Trump organizó utilizando la Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, para expulsar rápidamente a migrantes acusados de vínculos con pandillas. Aunque los otros dos vuelos trasladaban venezolanos, el suyo fue destinado a El Salvador, pese a que no existía orden judicial válida contra él, como reveló The New York Times.

El migrante había recibido en 2019 una retención de expulsión que lo protegía de ser enviado a su país natal, donde podría enfrentar persecución por parte de pandillas. Su caso, además, había generado alarma por el uso de vías excepcionales para justificar su remoción.

Casado con una ciudadana estadounidense y padre de tres hijos —uno de ellos con discapacidad—, Ábrego vivía en Maryland y trabajaba como aprendiz de hojalatero. Su esposa, Jennifer Stefania Vasquez Sura, celebró la nueva orden judicial entre lágrimas y vítores de una multitud que la acompañaba frente a la corte.

Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió que Ábrego “no debió ser deportado” y reconoció no saber por qué seguía detenido. Poco después, fue puesto en licencia administrativa, según informó CNN en Español. La jueza Xinis cuestionó duramente al gobierno por no aportar pruebas creíbles sobre los supuestos vínculos del salvadoreño con la pandilla MS-13, una acusación utilizada para justificar su expulsión.

“Cuando alguien es acusado de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se debe presentar una acusación formal, una denuncia y un proceso penal riguroso. Aún no he oído eso del gobierno”, expresó Xinis durante la audiencia.

La defensa del migrante, liderada por el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, considera que el caso podría marcar un precedente para otros migrantes afectados por deportaciones aceleradas sin el debido proceso. “No fue la maldad de intentar herir a Kilmar”, dijo. “Fue la maldad de la apatía en cuanto a si deportan o no a la persona correcta”.

La administración Trump ha solicitado al Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito que pause el fallo de Xinis. Medios locales que se han hecho eco del caso como Telemundo y Univision, refieren que la jueza consideró inválidos los argumentos de que el gobierno no tiene jurisdicción sobre alguien que ya no está bajo su custodia. “Habiendo confesado un error grave, ahora argumentan que este tribunal carece de poder”, escribió en su fallo.

La fiscal general Pam Bondi también criticó al abogado suspendido, diciendo en una entrevista con Fox News Sunday que sus comentarios eran equiparables a una confesión en juicio penal. Mientras tanto, la exfiscal Stacey Young, fundadora de Justice Connection, defendió a Reuveni, asegurando que los abogados del Departamento de Justicia deben enfrentarse a dilemas imposibles entre la obediencia presidencial y el deber ético.

En paralelo, el caso ha provocado temor y movilización en comunidades migrantes, especialmente entre los salvadoreños en Maryland.

Mientras su familia aguarda noticias, Kilmar Ábrego García permanece en una de las cárceles más peligrosas del continente, con el reloj corriendo en su contra.

Preguntas Frecuentes sobre la Deportación de Kilmar Ábrego García y la Política Migratoria de EE.UU.

¿Por qué fue deportado Kilmar Ábrego García a El Salvador si tenía protección judicial?

Kilmar Ábrego García fue deportado "por error" a El Salvador, a pesar de contar con protección judicial en Estados Unidos. La administración de Donald Trump utilizó una legislación de tiempos de guerra para realizar deportaciones masivas, pero no había una orden judicial válida en su caso. La jueza federal Paula Xinis ordenó su retorno a EE.UU., alegando que su deportación fue "sin autoridad legal".

¿Qué acciones legales se están tomando para el retorno de Ábrego García a EE.UU.?

La jueza Paula Xinis ha ordenado al gobierno estadounidense facilitar el regreso de Ábrego García a EE.UU. antes de la medianoche del 7 de abril. La defensa del migrante considera que este caso podría establecer un precedente para otros migrantes afectados por deportaciones aceleradas sin el debido proceso. Sin embargo, la administración Trump ha pedido al Tribunal de Apelaciones que pause el fallo.

¿Qué implicaciones tiene la deportación de Ábrego García para otras políticas migratorias de EE.UU.?

El caso de Ábrego García ha generado alarma entre los defensores de derechos migratorios, quienes temen que la administración Trump esté utilizando estrategias para evadir el control judicial. La política de deportar migrantes a países como El Salvador, en colaboración con el gobierno de Nayib Bukele, ha sido altamente criticada por violaciones de derechos humanos y falta de debido proceso.

¿Cómo afecta la relación entre EE.UU. y El Salvador en el contexto de las deportaciones?

La relación entre EE.UU. y El Salvador se ha centrado en la cooperación en seguridad y migración. Ambos gobiernos han colaborado en la deportación de presuntos pandilleros a la megacárcel CECOT en El Salvador. Esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención en El Salvador y el uso de acusaciones sin pruebas sólidas para justificar las deportaciones.

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