El nicaragüense Rodolfo Joel López Jarquín fue trasladado a principios de abril de 2025 a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su posterior deportación a Nicaragua, a pesar de haber ingresado legalmente a Estados Unidos bajo el programa de Parole humanitario.
El Confidencial informó que López Jarquín llegó a Miami el 7 de agosto de 2024 y recibió un permiso condicional por dos años, pero ahora se encuentra recluido en el llamado “centro de operaciones para migrantes” en Guantánamo.
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En una comunicación con su familia dijo que pasa 23 horas al día encerrado, con apenas cinco minutos de comunicación diaria, bajo supervisión de agentes migratorios.
“Volé a Miami y obtuve permiso condicional por dos años. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) me detuvo antes de que terminara mi permiso”, explicó el migrante en su declaración enviada a un juez federal en Washington.
La misma fue certificada por Marisol Domínguez Ruiz, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, organización que lidera la demanda legal contra estas detenciones.
Junto a otro nicaragüense, Johon Elias Suazo-Muller, López Jarquín encabeza una demanda en la que solicita la intervención judicial para detener las deportaciones a Guantánamo de migrantes que, como él, no han sido condenados por delitos ni representan un peligro público.
Asegura que fue llevado a Guantánamo bajo engaños
López Jarquín permaneció desde el 10 de febrero hasta inicios de abril en el centro de detención del ICE en Pine Prairie, Luisiana. El 4 de abril fue trasladado a Alexandria bajo la promesa de que sería deportado a Nicaragua, pero fue llevado a Guantánamo al día siguiente.
“Fue realmente impactante. No sabíamos dónde estábamos hasta que llegó el avión y vimos a los militares. La gente estaba horrorizada. Pensábamos que íbamos a casa”, relató.
“No he sido condenado por ningún delito en Estados Unidos ni en Nicaragua”, agregó. López Jarquín fue detenido por la Policía de Luisiana tras una queja por ruido, pero asegura que no fue acusado formalmente.
Condiciones de detención y vuelos desde Guantánamo
En Guantánamo, afirma que no se le informó de su derecho a un abogado. “Solo nos preguntaron sobre cualquier enfermedad y luego nos asignaron a habitaciones con seis camas”, denunció.
Hasta inicios de abril, alrededor de 400 migrantes, principalmente venezolanos y nicaragüenses, han sido enviados a la base naval. El 3 de abril, un vuelo con 144 deportados, 44 de ellos desde Guantánamo, aterrizó en Managua. La dictadura de Daniel Ortega confirmó la llegada de otro vuelo esa misma semana.
Los gastos de Trump para mantener una cárcel en Guantánamo
La administración Trump gastó 40 millones de dólares en apenas un mes para mantener detenidos a alrededor de 400 inmigrantes en la base naval de Guantánamo. El senador demócrata Jack Reed fue quien denunció este tema y dijo que la cifra era un "despilfarro extraordinario e innecesario".
Reed encabezó, junto a otros cuatro senadores demócratas, una visita a la base a finales de marzo. Hicieron una declaración conjunta donde denunciaron que Guantánamo es un lugar “probablemente ilegal e ilógico para detener inmigrantes”. Además, criticaron duramente el uso de recursos militares para fines de control migratorio.
El centro de detención recibió críticas por tener condiciones que no cumplían con los estándares de ICE, como aire acondicionado o suministro eléctrico básico.
En marzo, el gobierno estadounidense dijo que retiró a los últimos 40 migrantes que permanecían en Guantánamo, y canceló el plan de albergar hasta 30,000 personas en carpas montadas apresuradamente dentro de la base.
Sin embargo, el caso de López Jarquín evidencia que se mantienen inmigrantes detenidos en la Base Naval.
Trump aseguró que esos espacios serían usados principalmente para criminales de alto riesgo, incluyendo miembros del Tren de Aragua, una peligrosa organización de origen venezolano. No obstante, luego tampoco descartaron enviar a personas sin historial delictivo.
Escalada de deportaciones bajo Trump
Durante los primeros 100 días del nuevo mandato del presidente Donald Trump, ICE reportó la deportación de 65,682 inmigrantes indocumentados. El 75 % de los arrestados tenía antecedentes penales, incluidos miembros de pandillas como MS-13 y Tren de Aragua.
La familia de López Jarquín exige respuestas y garantías legales para este hombre que entró legalmente a Estados Unidos pero permanece detenido en condiciones que califican de inhumanas y arbitrarias, sin claridad sobre su futuro.
Preguntas frecuentes sobre el parole humanitario y detenciones en Guantánamo
¿Por qué Rodolfo Joel López Jarquín fue trasladado a Guantánamo?
Rodolfo Joel López Jarquín fue trasladado a Guantánamo para su posterior deportación a Nicaragua, a pesar de haber ingresado legalmente a Estados Unidos bajo el programa de Parole humanitario. Su caso es representativo de otros migrantes que enfrentan deportaciones bajo las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
¿Qué condiciones enfrentan los migrantes detenidos en Guantánamo?
Los migrantes detenidos en Guantánamo enfrentan condiciones difíciles, como pasar 23 horas al día encerrados, con apenas cinco minutos de comunicación diaria. Las condiciones no cumplen con los estándares de ICE, y los detenidos denuncian falta de acceso adecuado a asesoría legal y un trato que consideran inhumano.
¿Cómo ha afectado la revocación del parole humanitario a los migrantes?
La revocación del parole humanitario ha dejado a miles de migrantes en un limbo jurídico, obligándolos a abandonar Estados Unidos en un plazo de 30 días o enfrentar la deportación. Esto ha generado incertidumbre y angustia, especialmente entre aquellos que no tienen otro trámite migratorio vigente que los respalde.
¿Cuáles son las críticas hacia la política de detención en Guantánamo?
La política de detención en Guantánamo ha sido criticada por considerarse ilegal e ilógica para detener inmigrantes. Organizaciones como la ACLU han denunciado las condiciones de detención y el uso de recursos militares para fines de control migratorio, mientras que algunos senadores demócratas han calificado el gasto como un "despilfarro extraordinario e innecesario".
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