El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó formalmente el despliegue de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar operativos de redadas migratorias en el interior del país, según confirmó un funcionario federal.
En declaraciones a la agencia AP bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que la petición se encuentra actualmente bajo revisión por parte del Departamento de Defensa y representa un paso significativo en la política de inmigración del presidente Donald Trump, quien ha insistido en reforzar la ejecución de leyes migratorias como parte de su campaña contra lo que ha calificado como una “invasión” migratoria.
“La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es lo primero”, aseguró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.
“Usaremos todas las herramientas y recursos disponibles para cumplir el mandato del presidente de arrestar y deportar a los extranjeros ilegales criminales”, señaló.
A diferencia de anteriores despliegues centrados en la frontera con México, estos nuevos efectivos procederían de distintos estados y serían asignados a operaciones de deportación en territorio estadounidense, ampliando considerablemente la presencia militar en contextos civiles.
El carácter del despliegue dependerá en parte de si los soldados permanecen bajo autoridad estatal o federal.
La ley Posse Comitatus impide que tropas bajo mando federal ejerzan funciones policiales dentro del país, pero las unidades bajo control de los gobernadores estatales sí podrían participar directamente en arrestos y redadas.
Actualmente, aproximadamente 10.000 efectivos ya operan en la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde desempeñan tareas de vigilancia, refuerzo del muro y apoyo logístico a los agentes fronterizos.
Sin embargo, hasta ahora no se les ha autorizado a ejecutar detenciones directamente.
La solicitud del DHS implicaría duplicar la fuerza operativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que cuenta con unos 20.000 empleados, de los cuales aproximadamente 6.000 agentes están directamente involucrados en arrestos y remociones de personas sin estatus legal en el país.
Expertos legales y defensores de los derechos humanos han expresado preocupación ante una medida que podría aumentar la militarización de las políticas migratorias y provocar tensiones con gobiernos estatales que se opongan a colaborar con la estrategia federal.
En zonas como Nuevo México, donde se estableció una nueva franja militarizada, algunos tribunales federales han comenzado a desestimar cargos contra migrantes, argumentando que no existían pruebas suficientes de que los acusados supieran que estaban ingresando a un área restringida.
El diario The New York Times fue el primero en reportar esta solicitud, que se da en el contexto de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump para intensificar las detenciones y deportaciones de migrantes en situación irregular.
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