El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó formalmente el despliegue de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar operativos de redadas migratorias en el interior del país, según confirmó un funcionario federal.
En declaraciones a la agencia AP bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que la petición se encuentra actualmente bajo revisión por parte del Departamento de Defensa y representa un paso significativo en la política de inmigración del presidente Donald Trump, quien ha insistido en reforzar la ejecución de leyes migratorias como parte de su campaña contra lo que ha calificado como una “invasión” migratoria.
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“La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es lo primero”, aseguró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.
“Usaremos todas las herramientas y recursos disponibles para cumplir el mandato del presidente de arrestar y deportar a los extranjeros ilegales criminales”, señaló.
A diferencia de anteriores despliegues centrados en la frontera con México, estos nuevos efectivos procederían de distintos estados y serían asignados a operaciones de deportación en territorio estadounidense, ampliando considerablemente la presencia militar en contextos civiles.
El carácter del despliegue dependerá en parte de si los soldados permanecen bajo autoridad estatal o federal.
La ley Posse Comitatus impide que tropas bajo mando federal ejerzan funciones policiales dentro del país, pero las unidades bajo control de los gobernadores estatales sí podrían participar directamente en arrestos y redadas.
Actualmente, aproximadamente 10.000 efectivos ya operan en la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde desempeñan tareas de vigilancia, refuerzo del muro y apoyo logístico a los agentes fronterizos.
Sin embargo, hasta ahora no se les ha autorizado a ejecutar detenciones directamente.
La solicitud del DHS implicaría duplicar la fuerza operativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que cuenta con unos 20.000 empleados, de los cuales aproximadamente 6.000 agentes están directamente involucrados en arrestos y remociones de personas sin estatus legal en el país.
Expertos legales y defensores de los derechos humanos han expresado preocupación ante una medida que podría aumentar la militarización de las políticas migratorias y provocar tensiones con gobiernos estatales que se opongan a colaborar con la estrategia federal.
En zonas como Nuevo México, donde se estableció una nueva franja militarizada, algunos tribunales federales han comenzado a desestimar cargos contra migrantes, argumentando que no existían pruebas suficientes de que los acusados supieran que estaban ingresando a un área restringida.
El diario The New York Times fue el primero en reportar esta solicitud, que se da en el contexto de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump para intensificar las detenciones y deportaciones de migrantes en situación irregular.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue de la Guardia Nacional y las políticas migratorias de Trump
¿Por qué el DHS solicita el despliegue de la Guardia Nacional para redadas de inmigración?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado el despliegue de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las redadas migratorias en Estados Unidos. Esta medida busca reforzar la ejecución de las leyes migratorias como parte de la política del presidente Donald Trump, quien ha calificado la inmigración irregular como una "invasión". La intención es duplicar la fuerza operativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar y deportar a inmigrantes sin estatus legal en el país.
¿Cuáles son las implicaciones legales del uso de la Guardia Nacional en redadas de inmigración?
El uso de la Guardia Nacional en redadas de inmigración podría enfrentar desafíos legales debido a la Ley Posse Comitatus. Esta ley prohíbe que tropas bajo mando federal ejerzan funciones policiales dentro del país. Sin embargo, las unidades bajo control de los gobernadores estatales sí podrían participar directamente en arrestos y redadas. Además, el uso de la Guardia Nacional para estas tareas podría generar tensiones con gobiernos estatales que no estén de acuerdo con la política federal.
¿Qué impacto humanitario podría tener el despliegue militar para redadas de inmigración?
El despliegue militar para redadas de inmigración podría tener serias implicaciones humanitarias. La medida ha generado preocupaciones entre defensores de derechos humanos sobre la militarización de las políticas migratorias y el posible aumento de separaciones familiares. Además, en zonas donde se han establecido nuevas franjas militarizadas, algunos tribunales han desestimado cargos contra migrantes, argumentando que no existían pruebas suficientes de que los acusados supieran que estaban ingresando a un área restringida.
¿Cómo ha sido la respuesta de los gobernadores estatales al plan de deportaciones masivas de Trump?
La respuesta de los gobernadores estatales al plan de deportaciones masivas ha sido mixta. Un total de 26 gobernadores republicanos han mostrado su respaldo, afirmando estar dispuestos a utilizar herramientas como la policía estatal o la Guardia Nacional para apoyar al presidente Trump. Por otro lado, algunos gobernadores demócratas han expresado su disposición a colaborar en la deportación de delincuentes, pero rechazan el uso de la Guardia Nacional para realizar redadas generalizadas.
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