Seis meses sin salario en Santiago de Cuba: “La deuda la pagan con nuestro trabajo”, denuncia trabajador

Jorge L. Veranes Vera, custodio con 14 años de experiencia en la cafetería H-2 del Distrito José Martí, en Santiago de Cuba, denunció una situación que califica de violación directa de los derechos laborales: desde noviembre de 2024 no ha recibido salario alguno.

La cafetería, subordinada a la Empresa Municipal de Gastronomía y que presta servicios como parte del Sistema de Atención a la Familia (SAF), ha mantenido sus operaciones y ventas de productos, pero los ingresos no se traducen en el pago a quienes sostienen el servicio.

“Desde noviembre del 2024 no cobramos y cuando preguntamos nos dicen que la empresa tiene deudas y no nos pueden pagar el salario. En la cafetería se ha vendido ron, cigarros, bocaditos, refrescos, cerveza, tabaco, frituras y otros productos preelaborados, sin embargo, nunca hay dinero para pa­garnos”, refiere la carta de Veranes publicada este martes en la edición digital del periódico oficialista Trabajadores.

Según su testimonio, “la respuesta permanente es HAY DEUDA, pero parece que la empresa está pagándola con nuestro salario. A unos días del Primero de Mayo nos dijeron que nos iban a adelantar un mes de salario y que el de los otros 4 meses la empresa los pagaría pronto, pero todo fue mentira”.

A juicio del trabajador afectado, “a la empresa no le importa con qué dinero pagamos nosotros nuestras deudas. Nos mantenemos trabajando para asegurar el servicio a la población, y más en esta unidad, vital para quienes son considerados vulnerables”.

Asimismo, Veranes se lamentó de que “nadie nos da una respuesta coherente y el derecho al salario por nuestro trabajo está siendo vulnerado”.

Esta situación no sólo representa una falta administrativa grave; es también una violación directa del derecho constitucional al salario. El artículo 31 de la Carta Magna cubana refiere que el trabajo es un valor fundamental y un derecho y deber social para quienes pueden hacerlo, y que debe ser la principal fuente de ingresos que garantice una vida digna y el bienestar material y espiritual.

Mientras, el artículo 65 ampara que toda persona tiene derecho a recibir una remuneración justa basada en la calidad y cantidad de su trabajo, siguiendo el principio socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.

Que un empleado estatal tenga que escribir a la prensa oficial para exigir lo más básico -el pago por su trabajo- evidencia el nivel de desamparo institucional.

En un contexto de inflación, carencias y promesas reiteradas del gobierno de “no dejar a nadie desamparado”, casos como este muestran todo lo contrario: una estructura burocrática más dispuesta a avasallar a los trabajadores que a protegerlos.

Una mujer residente en Esmeralda, Camagüey, denunció en diciembre de 2024 la medida impuesta por los bancos para los trabajadores cuando van a cobrar sus salarios, hacerlo "de poco en poco" por falta de efectivo.

Entretanto, los trabajadores del sector tabacalero continúan percibiendo salarios bajos que no sobrepasan los 30 dólares mensuales al cambio actual, aun cuando el gobierno vendió 200 millones de tabacos el pasado año y reportó una facturación de 38 millones de dólares. El caso ilustra con precisión el concepto marxista de plusvalía: el valor que los trabajadores generan en la producción y que no reciben como salario.

El régimen cubano también vulnera el derecho al trabajo cuando, por ejemplo, se queda con la mayor parte del dinero que paga Bahamas por cada profesional de salud enviado en el marco de la cooperación médica bilateral.

Varios excolaboradores de las brigadas médicas confirmaron recientemente que, a pesar del compromiso público del gobierno de Bahamas de pagar directamente a los médicos cubanos contratados en su territorio, persisten los mecanismos de confiscación salarial implementados por el régimen de La Habana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación ante la precariedad del trabajo y la falta de derechos sindicales en Cuba, en medio de la aguda crisis socioeconómica. Al referirse a la situación socioeconómica en la isla mencionó la superinflación, “con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, recurrentes cortes del suministro eléctrico, escasez de alimentos básicos y medicamentos, y a un colapso del sistema público de salud”.

Entre otras violaciones a los derechos laborales, según testimonios recopilados, se hallan las extensas jornadas de trabajo sin remuneración extraordinaria; el pago de salarios bajos que no cubren las necesidades básicas de la vida; y la existencia de condiciones de trabajo precarias (falta de medios y herramientas de trabajo o la existencia de condiciones insalubres).

El régimen ha informado que está trabajando en un nuevo Código de Trabajo, que podría redefinir las relaciones laborales en el país. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el contenido de este documento, ni se han establecido mecanismos participativos que involucren a sindicatos independientes o trabajadores en su elaboración.

La expectativa de cambios legales se produce en medio de un clima laboral marcado por el descontento y la emigración, donde cada vez más cubanos optan por abandonar el sector público ante los bajos salarios, la sobrecarga laboral y la falta de estímulos reales.