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Más de un centenar de empleados del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) fueron puestos en licencia administrativa este viernes como parte de una reestructuración ordenada por el nuevo asesor interino de Seguridad Nacional y actual secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida, confirmada por funcionarios de la Casa Blanca a CNN, representa una de las purgas más drásticas en el NSC desde su creación. El despido masivo fue notificado mediante un correo electrónico del jefe de gabinete del organismo, Brian McCormack, que se envió a las 4:20 p.m.
El mensaje indicaba que los empleados afectados tenían 30 minutos para recoger sus pertenencias o coordinar una hora para hacerlo si no estaban en el campus. El asunto del correo decía: “Su regreso a la agencia de origen”, sugiriendo que muchos de los trabajadores habían sido asignados temporalmente desde otras agencias gubernamentales.
La decisión ocurre apenas semanas después de que el presidente Donald Trump designara a Rubio como asesor interino de Seguridad Nacional, manteniéndolo también como secretario de Estado, en un movimiento que consolidó aún más su poder dentro del gabinete.
Rubio, de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la administración, liderando tanto la política exterior como la seguridad nacional.
Entre los despedidos se encuentran funcionarios de carrera y contrataciones políticas de la propia administración Trump. Según fuentes cercanas, la medida se llevó a cabo de manera abrupta, generando críticas internas por su falta de profesionalismo, sobre todo al producirse antes de un largo fin de semana festivo y con supuestas filtraciones de datos personales.
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Integrado por expertos en política exterior de todo el gobierno de Estados Unidos, el NSC normalmente actúa como un organismo fundamental para coordinar la agenda de política exterior del presidente.
Esta reestructuración marca una nueva etapa para el NSC, que bajo Trump ha visto reducirse su papel tradicional como coordinador clave de la política exterior presidencial. Ahora, con Rubio al mando, se espera una gestión centralizada y de línea dura, alineada con las prioridades estratégicas de la Casa Blanca.
Rubio impone sello propio a una política exterior de fuerza, control y seguridad
La llegada de Marco Rubio al doble rol de secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional ha supuesto una "revolución" en la política exterior de la administración Trump.
Desde su posición, Rubio se pone al servicio de los objetivos de política exterior del magnate republicano, consciente de que ahora ocupa uno de los puestos más estratégicos del poder ejecutivo.
Con un enfoque férreo en la seguridad nacional, el control migratorio se ha convertido en una prioridad inmediata. Bajo su liderazgo, se han suspendido programas de ayuda exterior y se han redirigido fondos hacia operaciones de repatriación. El planteamiento se formula así: menos asistencia global, más recursos para asegurar las fronteras y proteger los intereses internos.
El rediseño institucional también ha tocado las estructuras tradicionales del Departamento de Estado. Rubio ha impulsado una reestructuración total de USAID, con la intención de consolidar funciones diplomáticas y eliminar lo que considera gastos innecesarios. Programas centrados en diversidad y equidad han sido desactivados, en línea con una visión más pragmática, enfocada en resultados y eficiencia.
En los pasillos de la diplomacia internacional, Rubio ha reforzado la presión sobre aliados que dependen de la protección estadounidense, como los países de la OTAN, y ha exigido mayor inversión militar de su parte. A su vez, ha advertido a socios estratégicos sobre la influencia de China, con énfasis especial en regiones clave como el Caribe y el Canal de Panamá.
Mientras la tensión escala en distintos puntos del globo, Rubio actúa a las órdenes de Trump, pero sin perder de vista la complejidad de escenarios como el de Ucrania o el de la Franja de Gaza, así como las alianzas tradicionales de Estados Unidos y las preferencias de la actual administración, que se inclina al diálogo y entendimiento con rivales como Rusia, y cuestiona los acuerdos y tratados firmados con socios como la Unión Europea o Canadá.
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