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El caso del preso político Alexander Díaz Rodríguez, manifestante del 11J diagnosticado con cáncer de tiroides, ha generado profunda preocupación entre activistas, familiares y organizaciones internacionales, luego de que se denunciara que permanece encarcelado sin recibir el tratamiento médico adecuado, a pesar de su delicado estado de salud.
En un mensaje público desgarrador, Moraima Rodríguez Batista, madre del recluso, pidió su libertad inmediata por razones humanitarias, asegurando que su hijo “puede salvarse si es operado”, pero que el régimen cubano se niega a concederle la licencia extrapenal.
“Me han rechazado tres solicitudes. Me han maltratado, golpeado, y no me dejan entregar documentos. Lo único que quiero es que mi hijo pueda vivir. Tiene cáncer y está empeorando”, expresó Moraima en un audio difundido por el Centro por una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C. tras haber sido agredida brutalmente cuando intentaba solicitar una licencia extrapenal para su hijo.
Rodríguez Batista relató que su hijo fue diagnosticado en octubre de 2022 y que ha sido trasladado en múltiples ocasiones entre cárceles y hospitales, con largos periodos de incomunicación familiar y negligencia médica.
En abril pasado, fue ingresado brevemente en el hospital Abel Santamaría, tras vomitar y escupir sangre, pero fue sacado días después y enviado a un correccional de trabajo forzado, en el Cabo de San Antonio, extremo occidental del país, para trabajar haciendo carbón.
Según declaraciones recogidas por el periodista José Raúl Gallego, el caso de Alexander Díaz refleja las consecuencias del sistema penitenciario cubano sobre los presos políticos.
“Las fotos son actuales y muestran el deterioro físico causado por la cárcel”, publicó Gallego en sus redes, quien comparó la situación del joven con los privilegios carcelarios de exagentes del régimen, como Gerardo Hernández.
Durante más de seis meses, la madre de Alexander no pudo verlo, bajo engaños por parte de las autoridades penitenciarias. “A mí me decían que él no quería verme, y a él le decían que yo no me presentaba. Nos torturaron psicológicamente”, denunció.
Organizaciones como el Centro por una Cuba Libre han enviado cartas a gobiernos democráticos y entidades de derechos humanos solicitando una intervención urgente para garantizar la libertad y atención médica de Díaz Rodríguez.
“Estamos pidiendo ayuda al mundo libre. Alexander debe ser operado de inmediato”, reclamó John Suárez, director ejecutivo del centro.
La activista Janisset Rivero y otros defensores de derechos humanos también han solicitado visitas internacionales a las prisiones cubanas, que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha podido inspeccionar desde 1989.
Actualmente, se estima que hay más de 1,150 presos políticos documentados en Cuba, aunque organizaciones alertan que el número real podría ser aún mayor, dada la opacidad del sistema penitenciario de la isla.
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