El congresista Mario Díaz-Balart anunció este viernes que actualmente buscan una vía para encontrar una solución para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos exiliados por razones políticas y a quienes se les revocó su parole humanitario.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autoriza la revocación inmediata del parole humanitario para más de 530,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que podría derivar en una ola de deportaciones masivas, Díaz-Balart prometió abogar por estas personas, según trascendió en un comunicado publicado en X.
"Carlos Giménez, María Elvira Salazar y yo estamos trabajando con la Administración Trump para presentar el caso y encontrar una solución permanente para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han huido de crisis políticas y no pueden regresar a sus países de origen debido a reclamos legítimos de persecución", escribió.
En su nota afirmó sentirse "orgulloso" de representar a "algunos de los mayores grupos de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos": "Seguiremos abogando por ellos".
En su opinión, la situación de estos migrantes es consecuencia de que Joe Biden abriera "intencionadamente" la frontera a millones de personas, en una oleada que incluyó "innumerables malos actores que se aprovecharon de sus políticas de fronteras abiertas".
Con este comunicado se sumó a los reclamos de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien dirigió una carta a Donald Trump para instarlo utilizar la herramienta ejecutiva de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), que otorgaría un alivio temporal de deportación a los beneficiarios mientras se completan procesos de asilo, verificación de antecedentes y solicitudes migratorias pendientes.
"Apoyamos al presidente Trump en la aplicación del Estado de derecho en la frontera sur, que fue inexistente durante los últimos cuatro años", ratificó Díaz-Balart, mientras pidió proteger a los perseguidos políticos.
Previamente, María Elvira Salazar había argumentado que otorgar el beneficio DED permitiría “una verificación adecuada caso por caso”, protegiendo tanto la seguridad nacional como el compromiso moral de EE.UU. con quienes huyen de la opresión y la violencia.
Su pronunciamiento marca una postura diferenciada dentro de su partido, que en su mayoría ha celebrado la decisión judicial como una “victoria para la seguridad nacional”.
Los migrantes que ingresaron gracias a un parole humanitario ahora enfrentan el riesgo de deportación, a pesar de haber ingresado legalmente al país.
La anulación del programa significa que muchos de ellos deben buscar otras formas de protección migratoria para evitar ser deportados.
El programa CHNV ofrecía una vía legal y controlada de ingreso, con permisos de residencia y trabajo por dos años. Aunque los beneficiarios fueron admitidos bajo el estatus legal de “libertad condicional”, la narrativa oficial republicana ahora los califica de “ilegales”, incluso cuando muchos ya iniciaron procesos de regularización, como los cubanos amparados por la Ley de Ajuste Cubano.
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