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La Fiscalía General de la República confirmó que investiga procesos penales en La Habana y Sancti Spíritus por el robo de bienes esenciales para la población, en un escenario de creciente malestar social por el auge de la corrupción a todos los niveles, la falta de control, el encarecimiento de los productos básicos y la impunidad en sectores estratégicos.
Al respecto informó que, en el municipio Habana del Este, fueron robados 197 sacos de leche en polvo de un frigorífico estatal. El lote estaba destinado a la distribución normada para niños menores de dos años, uno de los sectores más vulnerables en medio de la actual crisis.
De acuerdo con una nota de la entidad, siete personas se encuentran bajo prisión provisional: dos trabajadores de la propia entidad, un cuentapropista que adquirió la mayor parte del producto a precios elevados y lo promovió por plataformas digitales, y cuatro receptadores que le compraron directamente.
En Sancti Spíritus, el foco está en el robo sistemático de balitas de gas licuado en más de 20 viviendas. Cuatro personas fueron detenidas, tres de ellas también con prisión provisional. Dos son acusados de ejecutar los robos y dos más de revender el gas de manera ilegal. Las autoridades investigan cómo se permitió esa cadena de desvíos y qué falló en el control de esos recursos.
Ambos casos están aún en fase investigativa. Según la Fiscalía, se trabaja en la aportación de pruebas y se ejercerá acción penal ante los tribunales, con solicitud de sanciones severas por la “lesividad de los hechos”, en cumplimiento de la ley y las garantías constitucionales. La institución prometió actualizar sobre las sentencias, aunque no precisó plazos.
Aun cuando se señala el recrudecimiento del “bloqueo estadounidense” como factor de contexto, la indignación popular apunta en otra dirección: complicidades internas, falta de supervisión y tolerancia institucional.
Decenas de ciudadanos han expresado en redes y medios oficiales su hartazgo ante hechos que no son nuevos y que —como en el caso de la venta ilegal de gas—, se arrastran sin un freno efectivo.
Comentarios en la página del portal oficialista Cubadebate exigen “juicios ejemplarizantes”, publicación de nombres y sanciones reales, no sólo contra los autores materiales, sino contra los cómplices y facilitadores dentro de las entidades.
Otros alertan que los precios de las balitas alcanzan en algunos lugares los 15,000 pesos, sin que nadie responda por ello.
La crisis de la leche en polvo en Cuba no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política económica que mantiene a millones de cubanos con salarios en pesos cubanos, mientras los productos de primera necesidad se venden en divisas.
Al anunciarse en días recientes la captura de los presuntos involucradas en el robo de casi 200 sacos de leche en la Habana del Este, autoridades policiales explicaron que el principal receptor del producto habría pagado tres millones de pesos por la mercancía y la revendía en una cafetería del municipio Boyeros a razón de 1,650 pesos por libra, con lo que buscaba obtener una ganancia superior a los 12 millones de pesos.
El sistema de racionamiento cubano, vigente por más de 60 años, ha fracasado en asegurar un acceso equitativo y estable a productos básicos. Un ejemplo crítico es la leche en polvo para menores de siete años: aunque deberían recibir seis bolsas mensuales, el gobierno admite que hoy no puede cumplir ni siquiera con esta cuota mínima, evidenciando el colapso del mecanismo.
Mientras tanto, en el mercado negro, un kilogramo de leche en polvo llega a costar hasta 2,000 pesos (casi un salario mínimo). Aunque el alimento se encuentra en tiendas en divisas, su precio en dólares lo vuelve prohibitivo para la mayoría de las familias cubanas, que dependen del deteriorado sistema de racionamiento.
Entretanto, la red que se dedicó al robo y reventa ilegal de balitas de gas licuado en la provincia de Sancti Spíritus, entre enero y mayo de este año, fue desarticulada por fuerzas del Ministerio del Interior (MININT), según informaron recientemente fuentes oficiales.
El modus operandi de la banda era aprovechar el horario nocturno para irrumpir en viviendas vulnerables, de donde sustraían balitas para comercializarlas en el mercado negro a precios muy por encima del valor oficial.
Los individuos que robaban vendían los cilindros vacíos a 15,000 pesos a los receptadores y los llenos, a 30,000. Estos últimos, por su parte, los revendían a precios aún mayores, con una ganancia de entre 15,000 y 20,000 pesos en cada uno de los hechos, según las autoridades.
La escalada de actividades delictivas de esta banda coincidió con el punto más crítico de la escasez nacional de gas licuado, agravada por la incapacidad financiera del Estado cubano para garantizar este combustible básico.
A finales de mayo salió a la luz un caso emblemático: un buque con 1,300 toneladas de GLP estuvo varado cuatro meses frente a Santiago de Cuba por impago gubernamental, revelando las profundas grietas en el sistema económico y de abastecimiento de la isla.
La escasez crónica ha dejado a miles de cubanos sin gas durante meses, forzándolos a cocinar con leña o carbón, una regresión a métodos primarios que se agrava con los apagones interminables.
Tras semanas de angustia en el oriente cubano, el buque finalmente descargó su cargamento en la Refinería Hermanos Díaz a finales de mayo, iniciando un frágil restablecimiento del servicio.
Sancti Spíritus vivió 54 días de desabastecimiento total hasta un reinicio parcial a mediados de mayo, demostrando que la crisis es sistémica y generalizada.
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