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Las autoridades de Florida han comenzado a tomar medidas concretas para prohibir la venta de citas en las oficinas encargadas de emitir licencias de conducir, una práctica que durante años ha provocado frustración, largas esperas y abusos a miles de residentes.
El pasado 5 de junio, el gobernador Ron DeSantis firmó el Proyecto de Ley 961 de la Cámara de Representantes, que convierte en delito la venta de turnos para trámites en el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV).
La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026, y contempla sanciones penales, incluyendo posibles penas de cárcel para quienes revendan o comercialicen estos espacios.
Ordenanzas locales ya están en marcha
Mientras la legislación estatal entra en vigor, varios condados ya han tomado acciones por su cuenta. El más reciente es Broward, donde la Comisión del Condado aprobó por unanimidad la Ordenanza 2025-20, que prohíbe publicitar, vender o comercializar citas para servicios públicos relacionados con licencias de conducir, de acuerdo con Local 10 News.
Según la Oficina del Recaudador de Impuestos de Broward, quienes violen esta norma en el ámbito local se exponen a una multa de 250 dólares por la primera infracción y 500 por reincidencia.
“Este es un triunfo para nuestros residentes. Los servicios públicos deben prestarse con integridad y eficiencia. Esta política ayuda a impedir que oportunistas abusen del sistema”, declaró Abbey Ajayi, recaudadora de impuestos del condado.
De la reventa al delito
La nueva ola de regulaciones responde a un problema real: personas que acaparaban turnos gratuitos para tramitaciones en el DMV y luego los revendían en línea por hasta 250 dólares cada uno, en detrimento de los ciudadanos que necesitaban el servicio de forma legítima.
A principios de este año, el condado Miami-Dade también adoptó una ordenanza similar, luego de que se destapara una red de revendedores de citas que operaba a gran escala, perjudicando a miles de personas.
Desde 2026: prisión posible por revender citas
A diferencia de las multas locales, la ley estatal prevé sanciones más severas. A partir de julio de 2026, quienes vendan citas para licencias podrían ser acusados de delito menor de primer grado, lo que implica antecedentes penales y la posibilidad de enfrentar cárcel o libertad condicional.
Estas medidas buscan modernizar y transparentar el sistema antes de la transferencia total de responsabilidades del DHSMV al ámbito local, prevista para mediados de 2026.
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