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La activista cubana Salomé García Bacallao denunció la alarmante oleada de cierres masivos de solicitudes de asilo en Estados Unidos, muchos de ellos sin ofrecer a los afectados el derecho a defender su caso ante un juez ni posibilidad de apelación.
La situación está afectando desproporcionadamente a inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, detalló en un post de Facebook.
En una publicación reciente, García Bacallao advirtió sobre el incremento de notificaciones oficiales tituladas “Notice of Dismissal of Form I-589”, que implican el cierre definitivo de las solicitudes de asilo sin audiencia judicial ni recurso legal.
“Quedan estas personas entonces pendientes de una fecha para una entrevista de miedo creíble”, explicó.
En muchos casos, los solicitantes han sido detenidos durante chequeos rutinarios con inmigración, sin haber sido notificados previamente del cierre de su caso.
Esta situación puede llevar a la deportación inmediata o a detenciones prolongadas e indefinidas en condiciones precarias.
La activista relaciona esta oleada con una nueva política migratoria que, según afirma, busca incrementar las detenciones y deportaciones hasta alcanzar un objetivo de “3,000 personas al día”, una cifra mencionada por el influyente asesor republicano Stephen Miller.
Según García Bacallao, esta política “ha convertido procedimientos administrativos en delitos deportables, incluso por infracciones menores como trabajar sin autorización o sobrepasar el tiempo de una visa”.
También denuncia que estas medidas han resultado en redadas masivas en lugares de trabajo y en cercanías de escuelas, lo que genera un estado de vulnerabilidad constante para comunidades inmigrantes.
A pesar de contar con representación legal y documentación que acredita persecución política —incluyendo sentencias por participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba— muchos solicitantes de la isla han recibido cartas de cierre.
“No quiero volver a escuchar a nadie decir ‘búscate un buen abogado’”, expresó García Bacallao. “Conozco a personas con excelente representación legal que han sido igualmente rechazadas”, sentenció.
En paralelo, Human Rights Watch ha lanzado un llamado urgente para frenar la deportación de 13 opositores cubanos, entre ellos Eliexer Márquez "El Funky", coautor del tema Patria y Vida.
La organización considera un abuso que EE.UU. utilice antecedentes penales fabricados por el régimen cubano como fundamento para negar protección a perseguidos políticos.
García Bacallao subraya la necesidad de una respuesta comunitaria organizada. “Lo que estamos viviendo no se resolverá caso por caso. Esto exige una reacción colectiva y decidida para impedir que se normalicen estas violaciones”, indicó.
Pidió a los ciudadanos, votantes y representantes cubanoamericanos que no permanezcan en silencio.
“Salir a la calle no es la única vía. Se puede llamar al Congreso, exigir respeto a los derechos humanos y detener esta deriva autoritaria”, sostuvo.
Finalmente, la activista alertó sobre la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., un derecho garantizado desde 1898. Si se revoca este principio, advirtió, “millones de ciudadanos naturalizados podrían quedar en riesgo de ser despojados de su nacionalidad”.
“Creo que nuestro primer deber es hacia rescatar la democracia de Cuba, para poder regresar y para que los nuestros no tengan que seguir escapando y podamos tener una vida digna allá. Pero les puedo garantizar después de vivir en varios países en situación irregular durante 6 años, que resignarnos a ese estado de vulnerabilidad no nos va a ayudar en nada a nuestro propósito. El derecho al voto, y a la libertad de expresión y movimiento, y al debido proceso, vale la pena defenderlos”, concluyó.
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