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El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla desató una oleada de respuestas críticas, tras publicar en su cuenta de X una denuncia sobre el uso excesivo de la fuerza en protestas recientes en Los Ángeles, Estados Unidos.
“En protestas en Los Ángeles vimos uso excesivo de la fuerza, utilización de Guardia Nacional de EE.UU., ataques a periodistas, violación de derechos de migrantes. Pero hasta ahora no hemos visto condenas a esos hechos de políticos anticubanos. Su hipocresía es grave y enfermiza”, escribió el canciller.
Sin embargo, su silencio sobre la represión en Cuba, especialmente durante el 11 de julio de 2021 y sus secuelas, fue rápidamente señalado por usuarios, quienes no tardaron en recordarle los hechos del 11J. En esa fecha, decenas de miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades para exigir libertad y fueron enfrentados con una ola represiva que incluyó detenciones masivas, juicios sumarios y sentencias desproporcionadas.
“¿Y el 11 de julio de 2023 y días posteriores en Cuba,... qué fue lo que vio?”, cuestionó un usuario. Otros lo instaron a “poner las fotos del 11 de julio” y a dejar de “publicar videos de otros países”.
Las críticas se centraron en la evidente falta de coherencia del gobierno cubano, que se apresura a denunciar hechos en el extranjero, pero guarda silencio absoluto sobre la represión dentro de sus propias fronteras.
Varios comentarios le recordaron que en Cuba se reprime incluso a quienes intentan marchar pacíficamente “con una flor en la mano”, y que aún hoy hay presos por manifestarse, sin garantías mínimas de defensa legal.
Uno de los usuarios fue aún más directo al calificar al canciller de “hipócrita” por representar a un gobierno que “ante la más mínima protesta de un pueblo” lo oprime y hace uso exclusivo de la fuerza ante cualquier manifestación de disenso.
La indignación acumulada por la represión del 11J, el encarcelamiento de manifestantes y la censura sistemática volvió a emerger con fuerza en una red social donde cada intento oficial por desviar el foco internacional se encuentra con el eco de una ciudadanía que no olvida.
El episodio deja al descubierto el divorcio entre el discurso externo del gobierno cubano y su práctica interna. Mientras denuncia la violencia en otros países, evade cualquier crítica a su propio historial de represión, en un intento de legitimar su posición internacional mientras ignora los reclamos de su pueblo.
Rodríguez también recibió fuertes críticas cuando celebró las protestas masivas el sábado 5 de abril en Estados Unidos contra el perfil autoritario de la administración de Donald Trump. Desde los portavoces oficiales y medios controlados por el Partido Comunista, el gobierno amplificó las imágenes de las marchas.
“Se llama democracia… eliges por quién votar y puedes salir a protestar si no estás de acuerdo. Algo que ustedes no pueden hacer… votan siempre por el mismo modelo fracasado y muy difícil que salgan a protestar sin que terminen peor de lo que ya están”, comentó entonces un usuario.
En Cuba, cualquier persona que ose manifestar su desacuerdo con el régimen es inmediatamente estigmatizada, hostigada o encarcelada. Las movilizaciones ciudadanas son reprimidas con detenciones injustificadas, bloqueos de conexión digital, operativos policiales masivos y campañas de desprestigio contra quienes se atreven a alzar la voz.
La doble moral del gobierno no se detiene allí. Mientras aplaude que en Estados Unidos se respete el derecho a la protesta, dentro de la isla ese mismo derecho es una quimera. El artículo 56 de la Constitución, que en teoría ampara las manifestaciones pacíficas, sigue siendo papel mojado: no existe ningún mecanismo legal que lo haga valer. Y cualquier intento de ejercerlo es tachado de atentado contra el "sistema socialista".
Esta contradicción del régimen, que defiende las protestas ajenas mientras reprime las propias, no es novedosa, pero resulta particularmente cínica en el escenario actual. La propaganda oficial, que reclama soberanía y no intervención cuando se critica a Cuba, no tiene reparos en inmiscuirse, distorsionar y explotar los sucesos internacionales para sostener su relato ideológico.
Trump ordenó el despliegue de unos 2,000 soldados de la Guardia Nacional en California sin el consentimiento del gobernador, Gavin Newsom, como respuesta a las protestas contra las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La policía de Los Ángeles libró batallas campales con los manifestantes que estaban en el centro de la ciudad y el suburbio de Paramount (California), luego de declarar ilegal una protesta y presionar para disolver a la multitud.
"Si le pone la mano encima a un agente de la ley, será perseguido con todo el peso de la ley", amenazó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
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