El Tribunal Provincial de Guantánamo condenó este jueves a tres acusados a penas de 25, 20 y 17 años de privación de libertad por un violento robo cometido contra un campesino del municipio Manuel Tames, a quien despojaron de más de tres millones de pesos.
Según publicó el perfil oficialista Guantánamo y su Verdad, los hechos ocurrieron la noche del 8 de septiembre de 2024, cuando los acusados —con el rostro cubierto y actuando en grupo— emboscaron a la víctima en las inmediaciones de su vivienda en La Caridad de los Indios, aprovechando el momento en que este recogía su ganado.
De acuerdo con la sentencia, los atacantes golpearon al campesino, lo amordazaron, lo ataron con una soga e incluso lo intimidaron con un arma de fuego de fabricación artesanal y dos armas blancas.
Mientras uno de los agresores lo vigilaba, los otros dos ingresaron a la vivienda y sustrajeron más de tres millones de pesos, fruto de veinte años de trabajo agrícola.
Las condenas se dictaron tras valorar la “elevada peligrosidad social” del hecho, el uso de violencia extrema y la participación directa de los acusados en el asalto.
Las penas impuestas —25, 20 y 17 años— fueron determinadas en función del grado de participación individual y las circunstancias específicas de cada implicado.
El gobierno puso en marcha el lunes su Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una operación de carácter masivo que se extenderá hasta el próximo sábado 28 de junio, bajo el control del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y otras estructuras del Estado.
En el contexto actual, el régimen cubano ha intensificado la política de juicios ejemplarizantes, una estrategia que busca imponer castigos severos y visibles para disuadir delitos que desafíen su control social.
En el municipio de Niquero, Granma, el gobierno ejecutó otro juicio con carácter ejemplarizante, donde se juzgó públicamente a implicados en actos delictivos bajo un montaje judicial diseñado para exhibir fuerza y control institucional.
En paralelo, en Santiago de Cuba, una mujer venezolana de 64 años fue condenada por tráfico de drogas tras un proceso en el que se subrayaron los vínculos internacionales del delito como justificación para la dureza de la pena.
Estos casos se enmarcan dentro de una política penal más rígida promovida por las autoridades, que busca reafirmar el poder del aparato judicial mediante escarmientos públicos. El régimen está realizando el tercer ejercicio nacional de preparación para situaciones de crisis y, como parte del mismo, se han realizado juicios ejemplarizantes en varios puntos del país.
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