En el municipio de Niquero, provincia de Granma, el régimen cubano llevó a cabo un "juicio ejemplarizante" por el delito de atentado contra agentes del orden público, en el marco del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales.
La medida busca, según el discurso oficial, “formar en la ciudadanía la conciencia del respeto, la legalidad, el orden y la disciplina”.
De acuerdo con el sitio oficialista La Demajagua, el proceso judicial fue presidido por José Carlos Ortiz Peacock, titular del Tribunal Municipal Popular, quien señaló que el delito imputado —recogido en el artículo 182, apartado uno, del Código Penal— constituye una violación grave a la disciplina ciudadana y una obstrucción a la labor de los funcionarios encargados del orden.
En el juicio se demostró que el acusado agredió a dos policías, provocando lesiones a uno de ellos, lo cual sirvió de base para dictar una pena privativa de libertad severa, junto a la restricción de derechos públicos y la prohibición de salida del país durante el tiempo de condena.
Aunque el tribunal afirmó haber garantizado el debido proceso y el respeto a las normas constitucionales, el contexto de juicio ejemplarizante, celebrado en plena campaña nacional de endurecimiento de la política penal, reaviva las preocupaciones sobre el uso del aparato judicial como mecanismo de control y escarmiento público.
Más allá del formalismo judicial y las supuestas garantías procesales, el juicio en Niquero responde a un guion preestablecido por la dictadura cubana, diseñado para sembrar miedo en la población y enviar un mensaje de disuasión política bajo el disfraz de legalidad. La etiqueta de “juicio ejemplarizante” no es otra cosa que un eufemismo para justificar castigos desproporcionados y escarmientos públicos, dirigidos a reforzar el control social en un momento de creciente malestar popular.
Este tipo de procesos no buscan justicia, sino imponer obediencia, dramatizando casos específicos para exponerlos como “advertencias” a todo aquel que cuestione la autoridad del Estado o interactúe de forma tensa con sus fuerzas represivas.
Otros "juicios ejemplarizantes"
El pasado martes, el Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró dos "juicios ejemplarizantes", centrados en delitos de tráfico de drogas y robo con violencia, según informó el ente judicial en redes sociales.
Las audiencias, que se realizaron bajo el argumento de la “observancia del debido proceso”, se enmarcan en una estrategia del régimen cubano para mostrar mano dura ante el aumento de la criminalidad, especialmente en la capital.
Aunque no se divulgaron detalles sobre la identidad de los acusados ni las sentencias impuestas, el énfasis en la ejemplaridad de estos procesos confirma una línea represiva que prioriza el castigo público por encima del abordaje estructural de los problemas sociales que alimentan estos delitos.
La práctica de celebrar “juicios ejemplarizantes” ha sido históricamente utilizada por el régimen para enviar mensajes de advertencia a la población, sobre todo en contextos de crisis económica y creciente descontento.
En un país donde la transparencia judicial es limitada y los procesos penales suelen estar marcados por la politización, el endurecimiento de las penas por delitos comunes —como el narcotráfico o el robo con violencia— puede convertirse en una herramienta para distraer la atención pública de otros problemas más profundos, como la inflación, los apagones prolongados y la emigración masiva.
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