Un cubano fue condenado a 20 años de prisión por el cultivo de marihuana en la provincia de Ciego de Ávila, en un juicio calificado por las autoridades como “ejemplarizante”, celebrado en medio de una nueva cruzada del régimen contra las drogas.
La audiencia pública se realizó en el Tribunal Provincial Popular, donde además se sancionó a otro ciudadano con tres años de privación de libertad por haber conocido del cultivo y no denunciarlo. Ambos acusados recibieron, además, restricciones a sus derechos ciudadanos, como la prohibición de salida del país y la confiscación de los medios empleados en el hecho.
El juicio, según reportó el diario oficialista Granma, se enmarca en el llamado “tercer ejercicio nacional” contra delitos e ilegalidades, impulsado por el gobierno cubano como parte de su política de “tolerancia cero” hacia las drogas.
Estudiantes invitados presenciaron la vista como parte de una estrategia preventiva dirigida a las nuevas generaciones, en un formato que recuerda prácticas de escarmiento público.
El caso, lejos de ser aislado, forma parte de una serie de procesos judiciales con penas severas que se han intensificado en los últimos meses. Solo en junio, otro cubano fue sentenciado a 20 años de prisión en La Habana tras recibir un aire acondicionado con más de un kilo de cocaína líquida escondida en su interior. El aparato había sido enviado desde el extranjero, pero el juicio se centró en el receptor, sin esclarecer la red completa ni el origen del cargamento.
En Matanzas, dos jóvenes enfrentan peticiones fiscales de 8 y 9 años de cárcel por transportar y comercializar cigarrillos de “químico”, una droga sintética de alto riesgo. En ambos casos, las autoridades han insistido en que los juicios respetan el “debido proceso”, pero omiten detalles cruciales como la identidad de los acusados o la magnitud real de las redes implicadas.
En Santiago de Cuba, se han registrado múltiples detenciones por cultivos ilegales de marihuana. En mayo, un operativo policial desmanteló una plantación de más de 2,000 plantas y en junio otro caso reveló la existencia de más de 19 mil semillas y 950 plantas ocultas en una vivienda del poblado de Sigua.
En ambos sucesos, las autoridades destacaron la colaboración de “la población consciente”, sin abordar las causas estructurales que alimentan el auge de estos cultivos: pobreza, desempleo y falta de alternativas económicas.
El endurecimiento judicial ocurre en un momento crítico para el país, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos, inflación galopante y una emigración masiva que ha desangrado comunidades enteras. En este contexto, los “juicios ejemplarizantes” parecen cumplir más una función disuasiva y simbólica que una verdadera solución al problema del narcotráfico.
Mientras muchos países en la región avanzan hacia la regulación o despenalización del cannabis, Cuba opta por castigos desproporcionados, sin distinciones entre consumo, tráfico o cultivo, ni atención a los factores socioeconómicos que llevan a muchos cubanos a involucrarse en estas actividades.
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