Un ciudadano cubano de 55 años, sin antecedentes penales y conocido por su postura crítica frente al gobierno, podría ser condenado a cinco años y seis meses de prisión por el simple hecho de grabar una cola para adquirir gas licuado en Santiago de Cuba.
Julio César Duque de Estrada Ferrer fue arrestado el 5 de septiembre de 2024 mientras filmaba con su celular una de las tantas escenas cotidianas que retratan la grave crisis económica del país: una aglomeración de personas tratando de conseguir gas doméstico. Lo que ocurrió a continuación lo tiene hoy tras las rejas y a la espera de un juicio.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el caso es una muestra del uso del aparato represivo del Estado para castigar la documentación ciudadana de la realidad social. El organismo denuncia que Duque de Estrada fue agredido por un oficial de la contrainteligencia que le arrebató el teléfono, pero el expediente fiscal sostiene que fue él quien se tornó agresivo y abofeteó al oficial.
La versión de la Fiscalía, plasmada en el expediente al que tuvo acceso OCDH, sostiene que el imputado se negó a guardar el teléfono, fue conducido a un mercado cercano y allí intentó grabar nuevamente.
El oficial Mario Raciel Soulary Garcés exigió entonces su carnet de identidad. Mientras revisaba los datos, Duque de Estrada supuestamente aprovechó un descuido para propinarle una bofetada, lo que habría desatado un forcejeo que terminó con su arresto y posterior envío al penal de Aguadores.
Un castigo desproporcionado por grabar la crisis
La Fiscalía solicita una condena de un año por desobediencia, cuatro por atentado y diez meses por resistencia, que suman una pena conjunta de cinco años y seis meses de privación de libertad. Además, se propone que se le prohíba salir del país y se le suspendan sus derechos civiles y políticos.
“El régimen cubano está más preocupado por ocultar la grave crisis que por solucionar los problemas de la gente”, denunció el OCDH, que exige la revisión inmediata del caso, la liberación del acusado y el respeto a su derecho a documentar y expresar libremente lo que ocurre en las calles cubanas.
Julio César no pertenece a ninguna organización política ni de masas, pero es padre de Dairon Duque Estrada Aguilera, uno de los manifestantes del 11J encarcelados tras las históricas protestas de julio de 2021.
El caso recuerda a tantos otros en los que el aparato judicial cubano ha sido utilizado como herramienta de intimidación contra la ciudadanía que alza la voz o simplemente enciende la cámara de su celular para mostrar la realidad.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.