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El presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una medida que amenaza con despojar de su ciudadanía a miles de estadounidenses naturalizados.
A través de nuevas directrices emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ), su gobierno ha formalizado una estrategia que prioriza los procesos civiles de desnaturalización, revirtiendo décadas de práctica moderada en esta materia.
La política fue delineada en un memorando fechado el 11 de junio, firmado por el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, quien ordena a la División Civil del DOJ “perseguir al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.
Quiénes están en la mira del gobierno
El documento detalla diez categorías prioritarias para la revocación de ciudadanía, entre ellas:
-Personas vinculadas con terrorismo, espionaje o tráfico ilegal de tecnología.
-Involucrados en crímenes de guerra, tortura o ejecuciones extrajudiciales.
Lo más leído hoy:
-Miembros de pandillas criminales o redes de narcotráfico.
-Condenados por delitos violentos, sexuales o trata de personas.
-Casos de fraude financiero o médico contra el Estado (como el PPP, Medicare o Medicaid).
-Personas que omitieron información penal relevante en su proceso de naturalización.
-Casos con cargos penales pendientes o remitidos por fiscales federales.
Además, el memorando otorga a la División Civil “discrecionalidad para tramitar casos fuera de estas categorías según lo considere oportuno”.
“Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido. Ni siquiera está claro a qué se refieren”, advirtió Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern.
Un giro legal con implicaciones profundas
A diferencia de los procesos penales, los procedimientos civiles utilizados en estos casos no otorgan derecho a un abogado, una característica que ha generado gran preocupación entre los defensores de derechos civiles.
Según el memorando, este enfoque facilita y agiliza las revocaciones, ya que la carga de la prueba es considerablemente menor.“La carga de la prueba que debe alcanzar el gobierno es menor y es mucho más fácil y rápido llegar a una conclusión en estos casos”, explicó Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, a NPR.
El precedente: El caso Elliott Duke
Un ejemplo reciente es el de Elliott Duke, un veterano del ejército nacido en el Reino Unido, cuya ciudadanía fue revocada el 13 de junio por un juez en Louisiana.
Duke fue condenado en 2014 por distribución de material de abuso sexual infantil, delito que ocultó durante su proceso de naturalización.
El DOJ consideró este caso emblemático de cómo se aplicará la política bajo las nuevas directrices.
Cinco ejes estratégicos del DOJ bajo Trump
La desnaturalización es solo uno de los cinco pilares que el DOJ ha sido instruido a vigilar bajo órdenes del presidente Trump y la fiscal general Pam Bondi.
Las otras cuatro son:
-Persecución judicial a las ciudades santuario.
-Investigación de la atención médica de afirmación de género como supuesto fraude sanitario.
-Demandas contra programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
-Expansión del combate al antisemitismo.
Estos cambios están transformando el enfoque tradicional de la División de Derechos Civiles del DOJ.
NPR reportó que, entre enero y mayo de 2025, alrededor del 70% de los abogados de la división -unos 250 profesionales- renunciaron como respuesta a este giro institucional.
Preocupación por la creación de una ciudadanía desigual
Según el Migration Policy Institute, cerca de 25 millones de ciudadanos naturalizados residen actualmente en Estados Unidos. Para muchos de ellos, la ciudadanía ya no parece ser una garantía inviolable.
Sameera Hafiz, del Centro de Recursos Legales de Inmigración, afirmó: “Es una forma de, en cierto modo, intentar crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”.
Esta política amenaza con generar un sistema de ciudadanía de “doble nivel”, donde los naturalizados son más vulnerables que los ciudadanos por nacimiento, especialmente si han tenido contacto con el sistema penal, incluso de forma tangencial.
Sin fechas ni cuotas, pero con impacto inmediato
Aunque no se ha establecido un cronograma formal para su implementación, la medida ya está en marcha.
Por otra parte, ICE informó de su decimotercera muerte bajo custodia en el actual año fiscal, lo que revela un entorno migratorio crecientemente punitivo.
Asimismo, el 28 de junio, el rector de la Universidad de Virginia, Jim Ryan, renunció tras una investigación federal sobre el uso de programas DEI en becas y admisiones, reflejando el alcance institucional de las políticas impulsadas por el presidente Trump.
La ciudadanía por naturalización, hasta ahora considerada una meta segura en el sueño americano, ha pasado a ser un estatus revocable bajo las nuevas directrices del gobierno de Trump.
Aunque oficialmente enfocadas en delincuentes peligrosos o casos de fraude, estas medidas abren la puerta a interpretaciones amplias y, según expertos, arbitrarias.
El mensaje es claro: en los Estados Unidos de Trump, la ciudadanía se gana… y también se puede perder.
Preguntas frecuentes sobre la revocación de ciudadanía y políticas migratorias bajo el gobierno de Trump
¿Qué propone Trump respecto a la ciudadanía de estadounidenses naturalizados?
Trump propone revocar la ciudadanía estadounidense de ciertos naturalizados a través de procesos de desnaturalización civil. La política establece diez categorías prioritarias para la revocación, incluyendo vínculos con terrorismo, espionaje, tráfico ilegal, crímenes de guerra y otros delitos graves. Esta medida forma parte de un giro en la política migratoria del gobierno de Trump, intensificando la supervisión y potencialmente creando una ciudadanía de "doble nivel".
¿Cómo afecta la política de desnaturalización a los ciudadanos naturalizados en EE. UU.?
La política de desnaturalización podría generar un sistema de ciudadanía de "doble nivel", donde los naturalizados son más vulnerables a perder su estatus que los ciudadanos por nacimiento. Esto amenaza la seguridad de cerca de 25 millones de ciudadanos naturalizados, especialmente aquellos con antecedentes penales o que omitieron información relevante en su proceso de naturalización.
¿Qué cambios ha implementado Trump respecto a la ciudadanía por nacimiento?
Trump ha firmado una orden ejecutiva para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Esta medida busca reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en EE. UU. La política enfrenta desafíos legales significativos, ya que contradice la interpretación histórica de la enmienda como garante del derecho de suelo.
¿Qué otras medidas migratorias ha tomado Trump recientemente?
Además de las políticas de desnaturalización y eliminación de la ciudadanía por nacimiento, Trump ha firmado órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad fronteriza, declarar emergencia en la frontera con México, y expandir la deportación acelerada de migrantes. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio que ha incluido la movilización de tropas y la clasificación de entidades como ciudades santuario.
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