La base naval de Guantánamo sigue siendo utilizada por la administración de Donald Trump como centro de detención para migrantes, y ahora con una expansión significativa del perfil de los detenidos.
Según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por CBS News, recientemente fueron trasladados a Guantánamo inmigrantes de países tan diversos como China, Jamaica, Liberia y el Reino Unido, ampliando el grupo más allá de los latinoamericanos que habían sido detenidos previamente.
Actualmente, hay 54 migrantes recluidos en el enclave: 41 en la prisión de seguridad Camp VI y 13 en el Centro de Operaciones para Migrantes.
Funcionarios federales indicaron a CBS News que la mayoría de los trasladados son catalogados como “de alto riesgo”, una categoría que incluye antecedentes criminales graves o presuntos vínculos con pandillas.
Sin embargo, la misma investigación reveló que también hay detenidos “de bajo riesgo”, sin historial penal, más allá de su estatus migratorio.
Guantánamo se ha convertido en una pieza clave en la estrategia de deportación del actual gobierno estadounidense, que ha enfrentado críticas por utilizar instalaciones polémicas como medida de disuasión migratoria.
La base, históricamente asociada a detenciones indefinidas por terrorismo y a denuncias de tortura, ahora alberga a migrantes de al menos cuatro continentes.
No está claro por qué el gobierno decidió enviar a Guantánamo a personas desde regiones como Asia, África y Europa, aunque se sospecha que la saturación del sistema de detención migratoria dentro del territorio estadounidense está detrás de la medida, subrayó la fuente citada.
En mayo, un memorando oficial revelado por la prensa mostró que el criterio para seleccionar quién sería enviado a Guantánamo no incluía necesariamente historial criminal, a pesar de que el presidente Trump afirmó públicamente que solo serían trasladados “los peores”.
La política ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles que cuestionan la legalidad de mantener detenidos fuera del territorio estadounidense y sin acceso garantizado a protección legal, especialmente en un centro como Guantánamo, que ha sido objeto de denuncias por abusos durante dos décadas.
El uso de la base se suma a otras decisiones recientes del gobierno: en marzo, más de 200 venezolanos acusados de pandillerismo fueron trasladados a El Salvador y encarcelados en el penal de máxima seguridad CECOT.
Además, Trump inauguró este martes un nuevo centro de detención migratoria en los Everglades, en Florida, apodado “Alcatraz del Pantano”.
El Departamento de Defensa informó al Congreso que hasta abril de este año se habían gastado 21 millones de dólares en vuelos de traslado a Guantánamo, a un costo superior a 26.000 dólares por hora de vuelo.
Durante meses, la administración de Donald Trump ha venido rediseñando su política migratoria con medidas cada vez más restrictivas y polémicas. A inicios de 2025, se descartó la posibilidad de albergar inmigrantes en tiendas de campaña por considerarse una solución insostenible ante el colapso del sistema de detención.
En lugar de eso, la estrategia dio un giro hacia la reutilización de instalaciones de alto perfil. En marzo se retiraron temporalmente los últimos inmigrantes de Guantánamo, pero la medida fue solo un intermedio dentro de un plan más amplio de reorganización operativa.
Para abril, el viraje era evidente. La administración admitió haber gastado más de 40 millones de dólares en operaciones para encarcelar y trasladar migrantes, priorizando instalaciones militares y centros extraterritoriales.
En junio, las intenciones quedaron aún más claras. Trump planteó enviar incluso a ciudadanos europeos a Guantánamo, ampliando el perfil de los detenidos más allá de los procedentes de América Latina y el Caribe.
Ese mismo mes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló el uso de la base naval como centro de detención migratoria, permitiendo a Trump reanudar y escalar una política que ahora incluye personas de cuatro continentes y ha reactivado viejas controversias legales en torno a derechos civiles y detenciones extraterritoriales.
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