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La administración de Donald Trump retiró a los últimos 40 migrantes que permanecían detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, y los regresó a centros de detención en Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.
Aunque el mandatario había indicado que alojaría en esa instalación situada al este de Cuba a 30,000 inmigrantes, la decisión de este miércoles marca el segundo vaciamiento de la instalación en menos de un mes, tras la deportación de 177 venezolanos en febrero.
Entre las 40 personas que fueron enviados a ese territorio del oriente de Cuba por Trump se encontraban 23 "altamente peligrosos", según declaraciones al medio La Voz de América de funcionarios de la administración.
Ahora los detenidos que habían sido enviados a Guantánamo esperarán la deportación en el continente, subrayaron.
Aunque el gobierno no ha dado explicaciones detalladas sobre la repentina reubicación, se informó que los migrantes fueron transportados a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consultado por The New York Times, no emitió comentarios al respecto.
La administración Trump había presentado la base de Guantánamo como un centro de detención para migrantes considerados de "alto riesgo", incluidos algunos supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, no se han presentado pruebas que vinculen a los migrantes con organizaciones criminales, lo que ha generado críticas y demandas legales por parte de grupos defensores de los derechos humanos.
El traslado ocurre días antes de que un tribunal federal en Washington escuche una demanda contra la política de detención en Guantánamo, que cuestiona la legalidad de enviar migrantes a territorio extranjero sin su consentimiento.
La American Civil Liberties Union (ACLU) también ha impugnado la falta de acceso legal para los detenidos en la base.
Desde que Trump asumió el cargo, se han enviado alrededor de 290 migrantes a Guantánamo, lejos de los 30,000 que su administración había proyectado alojar en la base.
A pesar de los altos costos de la operación—estimados en $16 millones—y los múltiples obstáculos legales, la administración sigue sin descartar el uso futuro de la base para la detención de migrantes.
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