El presidente Donald Trump logró la aprobación este jueves en la Cámara de Representantes de un gigantesco paquete fiscal que reconfigura profundamente el aparato migratorio de Estados Unidos.
Esta legislación no solo garantiza la continuidad de los recortes de impuestos instaurados en 2017, sino que otorga al Ejecutivo un caudal presupuestario histórico para implementar su ambicioso plan de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes.
Prometida como parte esencial de su segundo mandato, la ley será firmada -según el propio Trump- este 4 de julio.
Entre vítores de "USA, USA" por parte de la bancada republicana, el ideólogo de su política migratoria, Stephen Miller, la celebró como “la edad de oro” de la agenda antiinmigrante.
Sin embargo, este proyecto ha desatado una ola de críticas por su agresiva orientación punitiva y los profundos recortes sociales que lo acompañan.
A continuación, te explicamos cómo esta "megaley" canalizará cientos de miles de millones de dólares para el despliegue masivo de operaciones de control migratorio, según datos aportados recientemente por la cadena Univision.
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45,000 millones de dólares para multiplicar la capacidad de detención de inmigrantes
La piedra angular del plan de Trump es la expansión sin precedentes del sistema de detención de inmigrantes.
De los $80,000 millones previstos para el aparato migratorio, $45,000 millones estarán destinados exclusivamente a ampliar y operar centros de detención entre 2025 y 2029.
¿Qué implica esto?
Se estima que el gasto anual para detenciones aumentará de $3,430 millones, en 2024, a más de $9,000 millones anuales.
Con estos recursos, ICE podrá detener de forma simultánea a unas 100,000 personas, más del doble de la capacidad actual (casi 49,000 plazas).
Organizaciones como el American Immigration Council alertan que el número real podría superar las 125,000 camas.
Además, se financiarán centros residenciales para familias y personas solas, como el recientemente inaugurado en los pantanos de Florida, que Miller presentó como modelo a replicar.
Riesgos denunciados:
-Negligencia médica, hacinamiento y aislamiento prolongado.
-Falta de supervisión sobre las condiciones carcelarias.
-Opacidad en el paradero de detenidos, algo ya documentado por ICE.
El analista Aaron Reichlin-Melnick apuntó que esta expansión convertiría a ICE en la agencia de seguridad federal más financiada de la historia reciente, superando los presupuestos combinados del FBI, la DEA, la ATF y la Oficina de Prisiones.
29,850 millones de dólares para el fortalecimiento de ICE y 2,055 millones para el DHS
La segunda gran vía de financiación es el robustecimiento operativo de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional).
ICE recibirá:
Casi $30,000 millones destinados a:
-Contratación masiva de agentes y su entrenamiento.
-Bonos por desempeño y retención.
-Ampliación de unidades móviles y tecnología de seguimiento.
Expansión del programa 287(g), que permite la colaboración entre policías locales y agentes federales para detener inmigrantes.
Este programa, especialmente popular en Florida (con casi 300 acuerdos vigentes desde enero de 2025), transforma a autoridades locales en agentes migratorios. Con esta ley, dicha cooperación se institucionaliza hasta septiembre de 2029.
El DHS contará con $2,055 millones adicionales para:
-Ampliar la plantilla de la Patrulla Fronteriza (CBP).
-Fortalecer operativos de transporte, deportación e investigaciones conjuntas con agencias locales.
-Realizar verificaciones de antecedentes y operativos antipandillas.
46,550 millones de dólares para el muro fronterizo y vigilancia tecnológica
La tercera gran asignación presupuestaria -casi $47,000 millones- se destinará a reforzar la frontera con México con nuevas barreras físicas y sistemas de vigilancia.
Lo que se financiará:
-Construcción y renovación de barreras primarias y secundarias.
Sistemas marítimos de contención.
-Infraestructura complementaria: caminos, sensores, cámaras, luces, torres de detección.
-Contratación de más agentes fronterizos, con $4,100 millones adicionales.
-Más de $5,000 millones para puntos de control y centros fronterizos.
-Bonos de reclutamiento por más de $2,000 millones.
Esta expansión coincide con cifras récord de detenciones en la frontera sur: solo en mayo, se detuvieron a más de 12,000 personas en un solo día.
Expertos vinculan este aumento al fin del derecho al asilo, una de las medidas más controvertidas de Trump en su segundo mandato.
No obstante, un juez federal bloqueó recientemente esa decisión, al afirmar que el presidente no puede sustituir el sistema migratorio establecido por el Congreso, abriendo una disputa jurídica que podría alterar el flujo migratorio y sus consecuencias presupuestarias.
Críticas: "Traición social" y profundización de la desigualdad
El paquete fiscal ha generado un profundo rechazo desde sectores progresistas, humanitarios y estatales. Entre las principales críticas destacan:
Gavin Newsom, gobernador de California, denunció la ley como "la última traición", por dejar a 17 millones de personas sin seguro de salud asequible y a 18 millones de niños sin comidas escolares.
Tim Walz, gobernador de Minnesota, aseguró que el daño que provocará "nunca podrá revertirse completamente".
Human Rights Watch condenó que el Congreso canalice “miles de millones de dólares hacia políticas de inmigración perjudiciales”, mientras se desmantelan programas sociales esenciales.
Conclusión: una agenda migratoria financiada con recortes sociales
El megaproyecto fiscal aprobado por la Cámara Baja no es solo un instrumento económico; es un manifiesto ideológico.
Mientras recorta Medicaid y asistencia alimentaria, canaliza miles de millones hacia la maquinaria de detención, deportación y exclusión migratoria.
La firma prevista para el 4 de julio -fecha simbólica para el espíritu estadounidense- abre una nueva etapa que, según críticos, redefine los valores fundacionales del país.
Con este nuevo andamiaje legal, Trump busca dejar una huella duradera: un sistema migratorio profundamente militarizado, blindado presupuestariamente hasta 2029, con consecuencias humanas que podrían perdurar aún más allá.
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