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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y Honduras, un beneficio que ha protegido de la deportación a miles de inmigrantes de estos países desde finales de los años 90.
Según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el TPS para Nicaragua queda sin efecto desde el pasado 5 de julio, y la decisión será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
Aunque el comunicado se centró en Nicaragua, fuentes del DHS confirmaron que la medida también afecta a los beneficiarios hondureños, cuyos casos estaban siendo evaluados en paralelo.
“El Estatus de Protección Temporal nunca fue diseñado para durar un cuarto de siglo”, afirmó un portavoz del DHS. “El desastre natural de 1999 que motivó el TPS para Nicaragua ya no tiene efectos vigentes. Las condiciones ambientales han mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses regresen con seguridad a su país”.
Evaluación y motivos del fin del TPS
La decisión, según el DHS, se tomó luego de consultas interagenciales y una revisión por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y el Departamento de Estado, concluyendo que las condiciones actuales en Nicaragua y Honduras ya no cumplen con los requisitos legales para mantener el TPS.
“Esta decisión restaura la integridad del sistema migratorio y reafirma que el TPS debe seguir siendo una medida temporal”, señaló el comunicado.
Incentivos para el retorno voluntario
Como parte del nuevo enfoque, el DHS está promoviendo una salida voluntaria “segura y digna” para los afectados. Los nicaragüenses y hondureños con TPS que salgan del país pueden usar la app CBP Home para reportar su salida de EE.UU. y acceder a un programa de auto-repatriación que incluye: un pasaje aéreo gratuito, un bono de salida de 1,000 dólares y oportunidades futuras de migración legal, según evaluación del caso.
¿Qué viene ahora para los beneficiarios?
La medida genera incertidumbre para miles de inmigrantes que llevan décadas construyendo sus vidas en Estados Unidos bajo el amparo del TPS. Se calcula -de manera extraoficial- que unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses tienen el TPS.
Se espera que organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes presenten recursos legales o llamamientos al Congreso para buscar una solución permanente para los beneficiarios de largo plazo.
De acuerdo con el New York Times, el gobierno de Trump ya ha tomado medidas para poner fin al TPS a ciudadanos de Haití, Venezuela y Afganistán.
Parte de una política migratoria de línea dura
La cancelación del TPS forma parte de la política de mano dura del presidente Donald Trump, quien ha retomado el poder con una agenda centrada en reducir drásticamente la migración y en desmantelar protecciones temporales que, según su administración, han sido utilizadas como vías de permanencia indefinida en el país. El enfoque actual busca reforzar la frontera y acelerar deportaciones.
Además de frenar nuevos ingresos, la administración Trump ha intensificado las medidas contra migrantes ya establecidos en suelo estadounidense, incluso aquellos con años de residencia, empleo y familia en el país. La vigilancia, detenciones y procesos de deportación se han ampliado, mientras que programas como DACA y el propio TPS están bajo revisión o han sido cancelados, generando temor e incertidumbre en millones de personas.
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