A partir del 1 de enero de 2026, un nuevo impuesto federal aprobado por el Senado de EE.UU. marcará un cambio significativo en la dinámica de envío de dinero al extranjero, especialmente para millones de inmigrantes que residen en Florida.
El gravamen será del 1% en las remesas enviadas en efectivo, giros postales o cheques de caja, y podría tener un impacto directo en una comunidad que representa más del 22% de la población del estado.
El impuesto forma parte del ambicioso paquete legislativo republicano denominado One Big Beautiful Bill, aprobado por estrecho margen este martes en el Senado, aunque todavía deberá regresar a la Cámara de Representantes.
La medida, obviamente, también afectaría a los inmigrantes de origen cubano. Quedarían exentos únicamente los ciudadanos y nacionales estadounidenses.
¿Qué implica el nuevo impuesto a las remesas?
La ley prevé un impuesto federal del 1% sobre remesas enviadas exclusivamente en efectivo, giros postales o cheques de caja. Quedarán exentas de este gravamen las transferencias realizadas mediante:
-Cuentas bancarias.
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-Tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos.
-Instituciones financieras como bancos, cooperativas de crédito y casas de bolsa nacionales.
Esto significa que el impacto del impuesto dependerá directamente del método elegido por el remitente.
El uso de canales electrónicos o bancarios evitará el pago de este tributo, mientras que los envíos en efectivo estarán sujetos a un cargo adicional que se suma a las comisiones ya cobradas por servicios como Western Union o MoneyGram.
¿Quién lo pagará y cómo se cobrará?
El nuevo impuesto no será pagado directamente por el remitente, sino que será recaudado por el proveedor del servicio de envío -como las casas de cambio o las agencias de envío de dinero- y remitido al Departamento del Tesoro de manera trimestral.
Sin embargo, si el proveedor no cobra el impuesto en el momento de la transacción, la responsabilidad recaerá sobre él, no sobre el usuario.
Además, los proveedores deberán tener acuerdos con el Departamento del Tesoro para verificar el estatus del remitente.
En teoría, los ciudadanos y nacionales estadounidenses que usen proveedores calificados estarán exentos del impuesto, pero aún hay incertidumbre sobre cómo se implementará esta verificación en la práctica.
¿A quién afectará más?
Un estudio de la FDIC indica que cerca del 42% de los inmigrantes latinos en Estados Unidos envían remesas de manera regular, lo que resalta la relevancia de esta medida para comunidades como las que residen en Florida.
Aunque no existen datos específicos por estado o por tipo de envío, se sabe que una parte significativa de las remesas aún se realiza en efectivo, ya sea por desconocimiento de herramientas digitales, falta de acceso bancario o desconfianza hacia instituciones financieras.
Esto deja en una situación vulnerable a los inmigrantes de menor poder adquisitivo, especialmente aquellos que no cuentan con cuentas bancarias o documentación regular.
Florida, epicentro migratorio y emisor clave de remesas
Florida es hogar de casi cinco millones de inmigrantes, de los cuales las comunidades de origen cubano, colombiano y mexicano encabezan la lista.
Estos grupos, históricamente vinculados a sus países de origen, mantienen fuertes lazos económicos mediante el envío de remesas, un mecanismo vital para millones de familias en América Latina y el Caribe.
Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo, en 2023 los residentes nacidos en el extranjero en Florida representaban el 22.1% de la población total del estado.
Entre los principales países receptores de remesas desde Florida figuran: Cuba, con un 21,2% de la población inmigrante; Colombia, con el 6.7%, y México, con el 5.1%.
Estas comunidades, profundamente arraigadas en el estado, constituyen algunos de los principales emisores de fondos hacia el sur del continente.
Un impuesto que aún puede cambiar
Aunque el Senado aprobó una versión que fija el impuesto en 1%, esta cifra ha sido objeto de negociación.
La Cámara de Representantes inicialmente propuso un impuesto del 5%, posteriormente lo redujo al 3.5%, y el Senado lo ajustó finalmente al 1%.
El proyecto de ley aún debe regresar a la Cámara de Representantes, donde podrían realizarse nuevas enmiendas antes de que sea firmado por el presidente Donald Trump.
Por lo tanto, el monto final del impuesto y las exenciones aún están por definirse.
Reacciones internacionales: el caso de México
Una de las respuestas más significativas proviene de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno reembolsará el 1% del impuesto a los migrantes mexicanos, siempre y cuando usen la Financiera del Bienestar (FINABIEN) como canal de envío.
Este mecanismo busca amortiguar el efecto económico del nuevo impuesto y, al mismo tiempo, canalizar las remesas por medios oficiales y seguros.
Sheinbaum también celebró la reducción del impuesto respecto a versiones anteriores, atribuyendo este logro a la presión de los migrantes y al trabajo diplomático de legisladores mexicanos.
El papel de las remesas en la economía latinoamericana
Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchas economías del sur global.
En 2024, las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de 161,000 millones, con un crecimiento del 5% anual, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En este contexto, cualquier obstáculo, por pequeño que parezca -como un impuesto del 1%- puede tener efectos multiplicadores en comunidades enteras que dependen del dinero enviado desde Estados Unidos.
Uno de los efectos indirectos que podría generar esta medida es una mayor digitalización de las remesas.
Al estar exentas del impuesto, las transferencias electrónicas se convierten en la alternativa más atractiva y económica.
Esto podría empujar a millones de inmigrantes a abrir cuentas bancarias, utilizar apps como Wise, PayPal o Zelle, o registrarse en plataformas móviles de transferencia de dinero.
No obstante, este cambio podría excluir a personas mayores, con menor alfabetización digital o sin acceso a documentación, quienes seguirán recurriendo al efectivo.
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