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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una contundente advertencia dirigida a inmigrantes con procesos abiertos o con historial migratorio cuestionable, al afirmar: “No duden de nuestra capacidad investigativa”.
El mensaje, publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañó la noticia de la detención de dos inmigrantes con órdenes finales de deportación, identificados por oficiales de la oficina de USCIS en Charlotte, Carolina del Norte, en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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“Estamos totalmente comprometidos con la recuperación de la seguridad en Estados Unidos”, subrayó el organismo, marcando un tono más severo y alineado con el endurecimiento de las políticas migratorias que ha caracterizado el nuevo mandato del presidente Donald Trump.
Desde que Trump retomó el poder en enero de 2025, su administración ha reforzado notablemente los mecanismos de control migratorio. Solo en los primeros 100 días de su gobierno, fueron deportados más de 65,000 inmigrantes indocumentados, una cifra que duplica los registros del mismo período bajo administraciones anteriores.
Además, ha solicitado recientemente a la Corte Suprema el poder de revocar discrecionalmente estatus migratorios, incluyendo residencias y ciudadanía, en casos considerados de riesgo para la seguridad nacional.
En paralelo, USCIS ha ampliado su capacidad de revisión de redes sociales y presencia digital de los solicitantes de beneficios migratorios, como residencias permanentes o visados. Esta política, anunciada en marzo, busca detectar inconsistencias o actividades consideradas sospechosas por parte de los solicitantes.
La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre posibles violaciones de privacidad y errores de interpretación.
Uno de los casos más recientes y polémicos es el del rapero cubano El Funky, cuya solicitud de residencia permanente fue rechazada supuestamente bajo el argumento de contar con antecedentes penales en Cuba.
La comunidad artística y diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que se trata de cargos políticos, pero las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que la ley no distingue el origen de las condenas.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió en abril que los titulares de visas estadounidenses deben tener claro que “no es un derecho, sino un privilegio” y que cualquier infracción o conducta contraria a los intereses de seguridad del país podría conducir a la revocación inmediata del visado o estatus migratorio.
En este clima de creciente fiscalización, USCIS busca enviar un mensaje claro: ninguna irregularidad quedará sin examinar y toda colaboración con ICE será intensificada para garantizar el cumplimiento estricto de las leyes migratorias.
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