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Un tribunal del condado de Miami-Dade aprobó este jueves un nuevo aplazamiento del inicio del juicio contra Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar en octubre de 2023 a su madre, la cubana Irina García, en su vivienda de Hialeah.
El juez Richard Hersch aceptó la petición de los abogados defensores del menor, reprogramando la fecha de inicio del juicio para el 26 de enero de 2026, casi dos años después de lo inicialmente previsto.
La decisión se produjo durante una audiencia celebrada este 17 de julio en la que ambas partes -defensa y fiscalía- expusieron sus argumentos sobre la necesidad o no de aplazar el proceso.
Los abogados defensores del menor alegaron que la complejidad del caso requiere más tiempo para una preparación adecuada y para revisar con detenimiento todas las pruebas, así como para presentar nuevas mociones ante el tribunal.
La selección del jurado será en enero de 2026
El juez fijó la selección del jurado para el 20 de enero de 2026, una semana antes del inicio formal del juicio.
Durante la audiencia, la defensa también solicitó que el tribunal no revise ninguna evidencia del caso hasta noviembre de 2025, una petición que también fue aceptada.
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Ambas partes deberán presentar sus pruebas definitivas a mediados de ese mes, en la que se espera sea una etapa crucial del proceso.
Además, esta sesión en corte estuvo centrada en el calendario judicial para los próximos meses, así como en el estado actual de los elementos probatorios y las mociones pendientes.
La defensa busca excluir del juicio elementos clave, como el interrogatorio realizado a Rosa tras los hechos, alegando irregularidades en el procedimiento y posibles vulneraciones de derechos. Esa moción sigue pendiente de resolución.
La Fiscalía se muestra lista para proceder
A pesar del aplazamiento, los fiscales del estado aseguraron que están preparados para llevar el caso a juicio en cualquier momento, tanto en la fecha original -prevista para septiembre de 2025- como en la nueva programación.
Señalaron que la postergación no afectará la solidez de su estrategia legal ni el enfoque del caso, que consideran suficientemente fundamentado para sostener la acusación de asesinato en primer grado.
Un caso que ha conmocionado a la comunidad
Derek Rosa fue arrestado en octubre de 2022 luego de que, presuntamente, apuñalara a su madre mientras dormía en el apartamento donde ambos residían en Hialeah.
Según reportes iniciales, el menor llamó al 911 poco después del hecho y permaneció en la línea mientras explicaba lo ocurrido.
Debido a la gravedad de la acusación, Rosa fue trasladado a la cárcel para adultos Metro West, donde permanece bajo custodia.
Aunque enfrenta cargos por asesinato en primer grado, al tratarse de un menor de edad no es elegible para la pena de muerte, pero podría ser condenado a cadena perpetua o a una sentencia mínima de 40 años de cárcel.
Múltiples mociones y estrategia legal en marcha
Este jueves también se discutieron mociones clave relacionadas con la admisibilidad de pruebas y la protección de los derechos del acusado durante el proceso judicial.
Paralelamente al proceso penal, la familia del adolescente ha iniciado preparativos para una demanda civil, según confirmó semanas atrás el abogado de la familia en declaraciones exclusivas a medios locales.
Según se dio a conocer, la familia de Irina García, enfrenta una nueva y dolorosa afrenta: la circulación en redes sociales de imágenes explícitas de su cuerpo sin vida.
Esta grave invasión a la privacidad impulsó a la familia a presentar una demanda civil contra cuatro instituciones gubernamentales con la intención de identificar y castigar a los responsables.
El abogado de la familia, Stephan López, ha confirmado que se encuentra en plena preparación de una demanda civil.
“La policía de Hialeah, los detectives de Major Crimes, la fiscalía de Miami-Dade County de Kathy Fernández Rundle, el examinador médico y el secretario del tribunal de la corte de Miami Dade County tuvieron acceso a información privada sobre el cadáver de Irina”, señaló López en declaraciones Telemundo 51, haciendo alusión directa a las cuatro entidades gubernamentales que ahora están bajo escrutinio.
Estas instituciones fueron notificadas formalmente y, según el abogado, una investigación interna deberá llevarse a cabo durante un proceso de seis meses.
El objetivo: esclarecer cómo ocurrió la filtración y determinar quiénes fueron los autores materiales o intelectuales de lo que López califica como una “fechoría”.
Esta vulneración ha encendido las alarmas sobre cómo material altamente confidencial y sensible, bajo custodia de las autoridades, terminó en manos ajenas y llegó incluso a publicarse.
Las fotografías, según denuncian, provienen directamente del lugar del crimen y deberían haber estado resguardadas por las entidades encargadas de la investigación.
Según López, las fotos en cuestión no son las que Derek Rosa presuntamente compartió con un amigo en redes sociales tras el crimen.
Se trata, afirma, de imágenes tomadas por la policía, por el examinador médico y a las que solamente podían tener tener acceso personas implicadas en la investigación.
La publicación de las fotos constituye, según sus palabras, como mínimo “negligencia” y una “violación de los derechos como ser humano” tanto de Irina García como de sus familiares directos.
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