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El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba celebró en días recientes varios juicios orales y públicos por delitos relacionados con drogas ilícitas, en los cuales se impusieron penas que oscilan entre los ocho y 12 años de prisión.
En la causa No.63/2025, un joven de 25 años fue condenado a 12 años de privación de libertad por tráfico de clorhidrato de cocaína. Según el fallo, operaba como eslabón de una red internacional con base en Surinam, y recibía droga a través de envíos por paquetería, que luego revendía en Santiago de Cuba.
El 27 de septiembre del 2024, cuando regresaba en ómnibus de La Habana, “donde se abasteció de la droga, el acusado fue interceptado por oficiales de la Sección Antidrogas, en el punto de control de El Cristo”, y se le ocuparon dos envoltorios de 260 gramos de cocaína, dinero en efectivo y dos celulares. Se ordenó además el decomiso de los bienes vinculados al delito, precisó un informe del Tribunal Provincial publicado en el periódico oficial Sierra Maestra.
Otra sentencia de 12 años recayó sobre una ciudadana venezolana de 64 años, acusada en la causa No.59/2025. Intentó introducir al país 2,000 gramos de cocaína ocultos en dos cajas de mezcla para tortas y waffles, procedentes de República Dominicana. La detención ocurrió el 15 de marzo del 2024 en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, donde también se le ocupó dinero en varias monedas y un teléfono móvil.
En la causa No.52/2025, un joven de 23 años fue sancionado a ocho años por venta de marihuana. “Este acusado compraba la picadura vegetal a personas no identificadas, confeccionaba los envoltorios conocidos por bombones o cigarrillos, y luego los vendía en las inmediaciones de su domicilio”, señaló el reporte.
Aunque no tenía antecedentes penales, el tribunal consideró su “conducta social desajustada” y sus vínculos con redes de comercialización. Al momento de su detención, el 17 de septiembre de 2024, llevaba 77 envoltorios con 20 gramos de marihuana en el momento de su arresto, equivalentes, según la acusación, a 500 cigarrillos.
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Igualmente, como parte de la causa No.61/2025 se dictó una condena de ocho años contra un joven de 24 años, detenido con cocaína, crack y marihuana. Según la sentencia, desde fecha no precisada producía y distribuía drogas desde su vivienda en Santiago de Cuba, utilizando materiales decomisados durante un registro domiciliario el 12 de septiembre del 2024.
De acuerdo con la fuente, todas las sentencias incluyeron sanciones accesorias como la privación de derechos y la prohibición de salida del país.
Las autoridades recalcaron que en los procedimientos “se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso”, aunque en ninguno de los casos se menciona si los acusados contaron con defensa efectiva ni se detallan las condiciones de detención.
Las audiencias, realizadas en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, se presentaron como ejemplos de la “tolerancia cero” hacia los estupefacientes, promovida desde el sistema judicial cubano.
Los juicios ocurrieron en el marco del Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales.
El mensaje central es claro: castigo ejemplarizante, decomisos y exposición pública. Sin embargo, más allá del discurso oficial, lo que no se discute es por qué cada vez más personas -jóvenes en su mayoría- se arriesgan a involucrarse en estas actividades. En un entorno de crisis sostenida, inflación y escasez, el enfoque punitivo no parece detener el problema, solo amplificar su visibilidad.
Hasta el 28 de junio transcurre el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una operación de carácter masivo que inicio el día 23 bajo el control del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y otras estructuras del Estado.
La iniciativa incluye acciones de vigilancia popular, auditorías fiscales, inspecciones energéticas y juicios públicos a casos considerados “de connotación”, en lo que parece ser un intento por reforzar el control estatal sobre la vida cotidiana de los cubanos.
La práctica de celebrar “juicios ejemplarizantes” ha sido históricamente utilizada por el régimen para enviar mensajes de advertencia a la población, sobre todo en contextos de crisis económica y creciente descontento.
El propio día 23, el gobierno comunista mantuvo su ofensiva punitiva contra el consumo de la droga conocida como “el químico” y pidió 8 y 9 años de privación de libertad en Matanzas para dos jóvenes acusados de su consumo y transportación.
En este sentido, el Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a un ciudadano a 20 años de prisión por transportar un aire acondicionado enviado desde el exterior que contenía más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína líquida en su interior.
Un ciudadano en Cienfuegos fue condenado a ocho años de privación de libertad por vender cannabinoides sintéticos conocidos como el "químico", mientras en Matanzas dos jóvenes acusados de su consumo y transportación recibieron penas de ocho y nueves años de cárcel.
Durante años, la venta y consumo de drogas, particularmente entre jóvenes, se fue normalizando en muchas ciudades cubanas, con sustancias como el "químico" disponibles en cualquier esquina y sin una respuesta institucional seria.
Días atrás el propio Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó a un hombre a ocho años de prisión por un delito relacionado con drogas ilícitas.
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