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Mientras el acceso a la carne es un lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos, el gobierno responde con mano dura.
Esta semana, el Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus impuso penas de seis y cuatro años de prisión a dos ciudadanos acusados de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.
Según reporta el periódico Escambray, al principal acusado fue sentenciado por los delitos de hurto y de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, y se le impuso una sanción conjunta de seis años de privación de libertad.
El segundo solo participó en el traslado de la mercancía, por lo que fue considerado responsable del segundo delito en la modalidad de tráfico de sus carnes, y recibió una condena de cuatro años.
El juicio se enmarca dentro del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, una campaña del régimen que privilegia el castigo sobre la solución, sin tomar en cuenta el contexto social o económico que empuja a muchos cubanos a recurrir a estas prácticas.
Como en casos recientes en Holguín y Camagüey, donde se sancionaron a individuos a ocho y seis años de cárcel por este tipo de delitos, las autoridades insisten en el carácter "ejemplarizante" de estos procesos, diseñados para enviar un mensaje de advertencia a la población.
En lugar de aplicar políticas restaurativas o enfrentar el deterioro del sistema agroalimentario cubano, el gobierno opta por escenificar la represión, como fórmula de contención ante la desesperación popular.
Crisis estructural e impunidad real
La política de castigo público contrasta con el abandono estructural del campo, donde la ilegalidad deja de ser un acto aislado.
El gobierno sostiene que el sacrificio ilegal de ganado afecta la economía y lo presenta como una amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, esa narrativa oficial omite un punto central: la escasez es resultado de decisiones políticas y de una gestión fallida del sector agropecuario, no de acciones individuales.
En lugar de atacar las verdaderas causas de la crisis -como la falta de insumos, la corrupción institucional y la desprotección a los campesinos-, el Estado solo actúa contra los matarifes.
Los juicios ejemplarizantes, lejos de disuadir, evidencian la incapacidad del gobierno para garantizar el derecho básico a la alimentación.
Las autoridades insisten en su "función preventiva" y en el mensaje que desean enviar a la ciudadanía: la represión será la vía para frenar delitos que, sin embargo, surgen del hambre y la necesidad.
Los críticos advierten que, sin soluciones estructurales y sin acceso real a la carne, las condenas ejemplarizantes poco lograrán para contener esa práctica.
Testimonios desde el campo
Ante el aumento del delito, algunos campesinos optaron por vender todo su ganado ante la oleada de robos impunes.
En abril, un productor de la zona de Vegas, entre Cárdenas y Santa Marta, denunció que le mataron ocho animales en unos días, sin apoyo ni protección.
En Matanzas, otro campesino reportó la matanza de reses preñadas y toretes, sin que el Estado ofreciera respuesta concreta.
Mientras los campesinos se ven obligados a deshacerse de su ganado por temor a los ladrones y por falta de recursos, la cadena delictiva que crece al calor de la necesidad.
Un mecanismo de control, no de justicia
El Tercer Ejercicio Nacional -impulsado por Miguel Díaz-Canel desde el Partido Comunista- combina auditorías, inspecciones energéticas, vigilancia popular y juicios públicos.
Más que una campaña legal, se trata de un dispositivo masivo de control social. La práctica de exponer a los acusados ante los medios y la comunidad busca disciplinar por la vía del miedo, no de la justicia.
Con más de 9,000 personas involucradas en delitos relacionados con el ganado mayor en 2024, según cifras del Ministerio del Interior, el fenómeno ya no puede entenderse como criminalidad común.
Es un síntoma de una economía en colapso y de un Estado que ha dejado de garantizar lo más esencial.
En vez de soluciones estructurales, el régimen recurre al castigo como espectáculo.
Pero castigar el hambre no lo erradica. Solo lo oculta, momentáneamente, tras una fachada judicial que cada vez convence menos a quienes intentan sobrevivir.
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