ICE ordena deportación a abuela cubana sin pasaporte válido: “No sé a dónde me van a mandar”

Yelenis Pérez llegó a Estados Unidos hace más de 30 años. Tiene hijos, nietos, un empleo estable en la Universidad de Tampa y una vida construida lejos de la isla que dejó atrás. Pero todo eso se tambaleó el pasado 14 de julio, cuando acudió, como cada año, a su cita de control migratorio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En lugar de firmar su orden de supervisión, como había hecho durante más de una década, le entregaron una orden con un mensaje implacable: tiene 90 días para abandonar el país. “Lo único que me dijeron fue: preséntese el 14 de octubre con pasaje y pasaporte. Usted tiene que irse”, relató a Noticias Tampa Hoy.

El problema es que su pasaporte cubano está vencido. Y renovarlo puede tomar hasta un año, según le informaron autoridades consulares cubanas. Mientras tanto, teme lo peor. “Yo no sé a dónde me van a mandar”, dijo. “Si me presento el 14 de octubre sin ese documento, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a terminar?”

Durante 27 años, Yelenis ha trabajado limpiando en la Universidad de Tampa. Jamás ha faltado a sus citas con inmigración. “Pido, por favor, que me dejen seguir aquí, aunque sea bajo supervisión. Nunca le he fallado a este país”, suplica.

La abuela cubana reconoce que su salud emocional se ha deteriorado desde que recibió la orden. “Mi vida cambió completamente. Ya no soy yo”. Lo que más teme es ser separada de sus hijos y nietos, quienes nacieron y viven en Estados Unidos. “¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de mí?”

Aun cuando desde abril Cuba permite el ingreso de sus ciudadanos con pasaportes vencidos, Yelenis no quiere regresar a la isla. “No tengo casa, ni familia allá. No tengo a dónde ir.”

¿Por qué no se había regularizado?

Aunque la Ley de Ajuste Cubano (CAA) permite a muchos nacionales cubanos solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia en EE.UU., no todos califican automáticamente para acogerse a ella. Según la legislación, el solicitante debe haber sido “inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional (parole)” por autoridades migratorias al ingresar al país.

En el caso de Yelenis Pérez, todo indica que no entró por una vía que le otorgara dicho estatus, o bien no pudo regularizarse por haber recibido una orden final de deportación diferida hace más de una década. Este tipo de situación puede derivarse de un ingreso irregular, errores legales, falta de asesoría o políticas migratorias restrictivas que impidieron su ajuste de estatus.

A pesar de que la Ley de Ajuste sigue vigente y no ha sido modificada, pues sólo puede ser alterada por el Congreso de Estados Unidos, al estar codificada en la Ley Helms-Burton, su aplicación depende de las condiciones de entrada y del historial migratorio de cada persona. La reciente suspensión de programas como el parole humanitario y la reunificación familiar no afecta la vigencia de la CAA, pero sí ha generado confusión entre muchos inmigrantes cubanos.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero, su gobierno ha puesto en marcha una política de deportación masiva con una meta clara: un millón de expulsiones al año. El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó recientemente que “si encontramos a alguien que esté aquí ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia”, sin importar si tiene o no antecedentes penales.

La agencia también ha anunciado que intensificará su presión contra empresas que contraten a inmigrantes indocumentados, en un intento por frenar el empleo informal y las redes de explotación laboral.