El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró que los agentes de su agencia detendrán a toda persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos, independientemente de si posee o no antecedentes penales.
En en una entrevista con CBS News Lyons subrayó que los recursos de la agencia seguirán priorizando la detención de inmigrantes con historial delictivo grave, pero afirmó que los llamados arrestos “colaterales” también serán comunes, debido a que las ciudades santuario “dificultan” la cooperación con las fuerzas del orden.
“Si encontramos a alguien que esté aquí ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia”, declaró.
Durante su aparición en el programa Face the Nation, Lyons expresó su frustración por no poder concentrar todos los esfuerzos en los delincuentes ya recluidos.
“Preferiría enfocarme en esos casos, pero debido a las políticas locales, tenemos que salir a las comunidades, y es ahí donde se incrementan los arrestos colaterales”, sentenció.
En sus declaraciones, Lyons reiteró que el ICE continuaría con la aplicación de las leyes de inmigración en el lugar de trabajo, y afirmó que no hay ninguna prohibición sobre tales acciones.
Aseguró que la agencia responsabilizará a las empresas que contratan y explotan mano de obra indocumentada: “No es un delito sin víctimas. Las investigaciones revelan casos de trabajo forzoso y trata de personas”.
“No sólo nos centramos en las personas que trabajan aquí ilegalmente, sino también en las empresas estadounidenses que explotan a estos trabajadores, a estas personas que vinieron aquí en busca de una vida mejor”, detalló.
Cuando se le pidió que confirmara que el ICE tiene previsto exigir responsabilidades a quienes emplean a inmigrantes en Estados Unidos de forma ilegal, Lyons respondió: “Cien por ciento vamos tras las empresas que emplean ilegalmente, no solo tras los trabajadores”.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero, su administración ha revertido las restricciones impuestas por el gobierno anterior. La meta ahora es clara: un millón de deportaciones al año, y el ICE ha recibido fondos millonarios para lograrlo.
Aunque el gobierno resalta la captura de personas condenadas por crímenes violentos, datos oficiales muestran que muchas de las deportaciones recientes han sido por infracciones migratorias menores o delitos de tráfico.
El endurecimiento de las políticas migratorias y la amplitud de la campaña de arrestos han generado preocupación en comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y sectores empresariales, que temen represalias injustas o efectos económicos secundarios.
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