Dos hermanos mexicanos que estaban detenidos en Alligator Alcatraz —el polémico centro de detención ubicado en el corazón de los Everglades, en Florida— fueron deportados a su país, sin enfrentar cargos y con sus documentos en regla, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
Carlos Martín González, de 26 años, y Óscar Alejandro, de 30, quienes habían sido aprehendidos en Orlando el pasado 7 de julio, fueron repatriados a México este fin de semana, como resultado de la gestión consular y al trabajo conjunto con abogados especializados, confirmó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.
“Ambos están ya en nuestro país sin cargos y con sus documentos vigentes”, señaló Velasco en la red social X, al tiempo que reconoció la “ardua labor” de los consulados mexicanos en las ciudades de Orlando y Miami en la asistencia en este caso.
El funcionario también destacó el trabajo de una abogada del Programa de Asesorías Legales Externas y de aliados de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
“El diálogo con autoridades locales y federales permitió la salida voluntaria de los jóvenes este fin de semana”, subrayó.
El caso de los hermanos González generó gran expectación en su país e internacional, luego de que trascendieran detalles de su arresto y reclusión en el temido centro de detención migratoria, situado en medio de los famosos humedales de Florida y caracterizado por sus condiciones de aislamiento extremo.
Carlos Martín fue detenido luego de cometer una infracción vial menor, mientras conducía por la ciudad de Orlando, y trasladado a Alligator Alcatraz, pese a tener una visa de turista vigente y haber ingresado de manera legal a Estados Unidos.
Óscar Alejandro fue capturado también por la policía cuando acudió en ayuda de su hermano. Él está casado con una ciudadana estadounidense, pero se le había vencido el permiso de permanencia en EE.UU.
El padre de los jóvenes, Martín González, contó al diario El País que en el momento de la detención los agentes de tránsito les incautaron sus documentos y teléfonos móviles. “Están encerrados y no permiten entrar a nadie”, denunció. “Se están violando todos sus derechos civiles”.
El martes anterior, durante su habitual rueda de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que 14 ciudadanos mexicanos se encontraban internados en “Alcatraz de los Caimanes” y su gobierno estaba realizando las gestiones necesarias para que fueran repatriados de inmediato, informó la cadena CNN.
Más del 55 % de los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz eran de Guatemala (22 %), México (21.5 %) y Cuba (11.6 %), según una investigación conjunta de los diarios The Miami Herald y Tampa Bay Times que se dio a conocer a mediado de este mes.
El informe, basado en registros oficiales a los que accedieron ambos medios de prensa, confirmó que el 95 % de los más de 700 migrantes recluidos en la instalación provienen de países de América Latina, aunque hay personas de más de 40 naciones distintas.
La investigación también reveló que más de 250 de los detenidos enfrentan únicamente violaciones migratorias, sin antecedentes de delitos violentos. Mientras que un tercio tiene algún tipo de historial penal.
El gobierno de Estados Unidos comenzó hace días a ejecutar deportaciones aéreas de migrantes irregulares desde Alligator Alcatraz.
Al anunciar el inicio de las expulsiones desde el controversial centro de detención en los Everglades, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no precisó cuántos vuelos se han realizado, pero recordó que la Administración Trump ordenó la expulsión de aproximadamente 800,000 extranjeros, de los cuales entre 50,000 y 75,000 residían en Florida.
El centro de detención Alligator Alcatraz fue inaugurado el 1 de julio en una pista aérea abandonada, en la zona pantanosa al oeste de Miami. Su capacidad inicial es de 2,000 detenidos, con proyecciones de ampliarse a 4,000, según el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), Kevin Guthrie.
La operación del centro ha generado una oleada de críticas. Días después de su apertura, decenas de activistas y familiares de migrantes protestaron en las afueras del recinto, que describieron como un “campo de concentración” y una “jaula para perros”.
Un grupo de abogados solicitó a un juez federal que intervenga de inmediato ante lo que califican como una violación masiva de derechos, pues cientos de inmigrantes han sido internados en el centro de detención migratoria sin cargos formales, sin acceso a audiencias judiciales y sin que ninguna corte federal reconozca jurisdicción sobre sus casos.
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