Un empresario de Florida fue condenado a cinco años de prisión y multado con más de 128 millones de dólares por protagonizar uno de los fraudes más grandes en la historia de los programas sociales de Estados Unidos, afectando directamente a comunidades vulnerables, incluidos muchos latinos y migrantes de bajos ingresos.
De acuerdo con CBS 12, Issa Asad, de 52 años, director ejecutivo de la empresa Q Link Wireless, se declaró culpable de defraudar el programa federal Lifeline, conocido popularmente como el del “teléfono de Obama”, una iniciativa creada para garantizar acceso a servicios telefónicos y de internet a personas con pocos recursos económicos.
Durante casi una década, Asad y su compañía inventaron miles de clientes falsos, manipularon registros y presentaron reclamaciones fraudulentas ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que les permitió embolsarse más de 109 millones de dólares destinados a ayudar a quienes más lo necesitan.
Mientras tanto, muchas familias vulnerables, como las que dependen de Medicaid o cupones de alimentos, se quedaron sin acceso confiable a herramientas básicas de comunicación.
Según documentos judiciales, Q Link llegó incluso a utilizar llamadas automáticas amenazantes para retener clientes. Uno de los guiones grabados advertía:
“Hola, sus beneficios de Medicaid, Cupones de Alimentos y Lifeline están a punto de ser cancelados. Para evitar la cancelación, presione 1 ahora...”.
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En otros casos, a usuarios que intentaban cancelar el servicio porque sus teléfonos no funcionaban, se les indicaba que simplemente los encendieran una vez cada 30 días para no perder el subsidio, aunque el dispositivo fuera inútil.
Cuando la FCC comenzó a investigar, Asad y su empresa fabricaron registros falsos para seguir cobrando los reembolsos. “Fue un fraude descarado y sistemático”, dijeron fiscales del caso.
De estafar al gobierno a comprar joyas y una mansión
El empresario no se conformó con defraudar un solo programa. También robó fondos del Programa de Protección de Nómina (PPP), creado durante la pandemia para ayudar a pequeñas empresas. Mintió sobre las pérdidas de Q Link para obtener esos préstamos, que luego gastó en la construcción de su casa, pagos de un Land Rover, joyas, tarjetas de crédito y hasta donaciones a una universidad.
En total, Asad y su compañía deberán devolver más de 128 millones de dólares, según lo ordenado por un juez federal en Miami. Esta es la mayor sanción penal por fraude relacionada con la FCC en la historia de Estados Unidos.
Un historial turbio
No era la primera vez que Asad se veía envuelto en la justicia. En 2014 fue acusado de homicidio tras atropellar a un jardinero en una disputa por 65 dólares. Aunque el caso se resolvió con una condena menor por negligencia y una multa de apenas 225 dólares, ahora enfrenta consecuencias mucho más severas.
“El robo de más de 100 millones de dólares de programas destinados a personas en momentos de necesidad es un crimen contra toda la nación”, afirmó el inspector del Servicio Postal de EE.UU. Juan A. Vargas.
Por su parte, la fiscalía del sur de Florida señaló que Asad no solo desvió fondos públicos, sino que también saboteó la capacidad del gobierno para asistir a quienes verdaderamente necesitan ayuda.
Miles de personas de bajos ingresos que confiaban en Q Link podrían haberse quedado sin cobertura o sin servicio real durante años. El Departamento de Justicia ha publicado un sitio web con información para los usuarios actuales o anteriores de la compañía: justice.gov/usao-sdfl/united-states-v-issa-asad.
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