El gobierno cubano volvió a exhibir su discurso triunfalista en escenarios internacionales al presumir, en la II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios (UNFSS+4) celebrada en Addis Abeba, Etiopía, de la Ley de Soberanía Alimentaria aprobada en 2022, pese a que la isla atraviesa una de las peores crisis alimentarias en décadas.
Durante su intervención, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca afirmó que la normativa “facilita el accionar conjunto de todas las instituciones” y reiteró que Cuba está “dispuesta a contribuir a posicionar los sistemas alimentarios en el centro de las agendas de desarrollo económico-social para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad”. Tapia defendió la cooperación Sur-Sur, la agroecología y la innovación tecnológica como pilares del modelo cubano, aunque responsabilizó al embargo estadounidense y a las “medidas coercitivas unilaterales” del colapso agrícola, asegurando que esas restricciones impiden acceder a fertilizantes, maquinaria e insumos básicos.
Un discurso que contrasta con la crisis interna
Las declaraciones llegan en un contexto marcado por la escasez y la inflación. En abril de este año, el primer ministro Manuel Marrero Cruz admitió públicamente que “lo más seguro que vamos a contar en cada territorio es lo que seamos capaces de producir”, en una confesión que confirma el fracaso del modelo centralizado. Los datos oficiales respaldan esa percepción: en 2023 la producción de carne de cerdo cayó más de un 90 %, el arroz se redujo casi un 60 % y la producción de huevos y leche experimentó descensos cercanos al 40 %. Más del 80 % de los alimentos que consume el país son importados, en un contexto donde la mayoría de los cubanos pierde poder adquisitivo ante el encarecimiento de los precios.
El Anuario Estadístico de Cuba 2023 confirmó un desplome sin precedentes en la producción de alimentos esenciales como carne de cerdo, arroz, huevos, leche y viandas, lo que ratifica la severidad de la crisis alimentaria en la isla.
Indignación y sarcasmo en redes sociales
La publicación del discurso por el diario oficial Granma en Facebook desató una ola de indignación entre los internautas, que cuestionaron el contraste entre las palabras del gobierno y la realidad en las calles. Muchos calificaron el pronunciamiento como “cínico” y “ofensivo”, asegurando que hablar de soberanía alimentaria desde una tribuna internacional “es una burla para quienes hoy se acuestan con hambre”. Otros señalaron que en Cuba no hay seguridad ni autosuficiencia alimentaria, que los agricultores carecen de combustible y herramientas, y que los productos básicos dependen casi en su totalidad de importaciones. Algunos comentarios fueron más sarcásticos: “Cuba puede aportar mucho en la Cumbre… como ejemplo de todo lo que no se debe hacer” y “¿Cuál sistema alimentario van a mostrar, el de los dirigentes o el del pueblo?”. Varios usuarios insistieron en que mientras se habla de estrategias agroecológicas y transformación de sistemas, la gente sigue haciendo colas interminables para conseguir arroz, azúcar o un paquete de pollo, cuando aparecen.
Críticas desde organizaciones internacionales
El observatorio Food Monitor Program denunció en redes sociales que el gobierno cubano “ha instrumentalizado históricamente el discurso de la soberanía alimentaria para maquillar la realidad de un país que ha perdido más del 67 % de su producción nacional y depende en más de un 80 % de las importaciones”. Según la organización, la alimentación en la isla está cada vez más dolarizada y controlada por conglomerados militares como GAESA, que monopolizan las importaciones y la distribución de alimentos, lo que “convierte el acceso a la comida en un privilegio para quienes reciben remesas”. La ONG advirtió que estas políticas no solo agravan la pobreza, sino que refuerzan un sistema alimentario capturado por intereses corporativos-militares, mientras se criminalizan estrategias de supervivencia como la venta informal de comida.
Una ley que no ha resuelto el hambre
La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2022 con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación “suficiente, diversa y nutritiva”, reducir la dependencia de importaciones y organizar sistemas locales sostenibles, no ha logrado revertir la crisis. Tres años después, la norma se percibe como letra muerta: las promesas de producción nacional chocan con la falta de insumos, la centralización de decisiones y la inexistencia de incentivos reales para los productores. Mientras tanto, los discursos oficiales se repiten en foros internacionales, alejados de una realidad donde la escasez, la inflación y el hambre marcan la vida diaria de millones de cubanos.
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