Seguridad del Estado interroga a José Ramón Viñas Alonso, líder masón crítico del régimen

En una nueva escalada de la represión contra la masonería cubana la Seguridad del Estado interrogó este viernes a José Ramón Viñas Alonso, líder masón imputado por el régimen en lo que muchos califican como una persecución política.

El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba, fue nuevamente citado para declarar ante la Seguridad del Estado, en la estación policial de Acosta y Diez de Octubre, informó el medio independiente Cubanet.

El medio independiente difundió un video donde se observan a “decenas de masones” que se reunieron a las afueras de la estación policial para apoyar a su líder.

El escritor Ángel Santiesteban-Prats y aseguró que la represión contra la masonería cubana se ha intensificado en las últimas horas, según denuncias

“Crece represión contra los masones. En este momento, está siendo interrogado el Soberano José Ramón Viñas Alonso por la policía política construyéndole expediente para quitarlo del cargo, en venganza por la carta del 11J de 2021, en contra de la ‘orden de combate’ contra el pueblo”, denunció Santiesteban-Prats en en Facebook este viernes.

“Estoy sitiado por patrullas y represores para que no acuda al llamado de apoyo a los masones en la estación policial. Nos ha llegado la información [de] que han creado [un] puesto de mando de la SE muy cerca del lugar”. Y concluyó con una petición de apoyo: “Pedimos solidaridad internacional contra el asesinato descarado que se está cometiendo con la masonería en Cuba”, agregó.

Una fuente al interior de la orden que ofreció declaraciones a Cubanet con la condición de proteger su identidad dijo que la citación a Viñas Alonso fue “para dar declaración con su abogado directamente”, luego de que, en una comparecencia previa, “se negó a seguir declarando hasta que no tuviera su abogado, lo cual es su derecho”.

Causa abierta

El pasado martes, Viñas Alonso reveló en su perfil de Facebook que fue citado por la Seguridad del Estado e imputado por el delito de tráfico de divisas, tras ser interrogado sobre los viajes al extranjero realizados por miembros de la organización y el origen de los fondos.

Viñas explicó que el verdadero motivo parece estar vinculado a un acuerdo unánime del Patronato masónico, que realizó dos cambios de 100 dólares este año entre hermanos, para enfrentar gastos urgentes en moneda nacional relacionados con el asilo que administran.

El problema, según las autoridades, sería que el cambio se hizo a una tasa no oficial de 370 pesos, en lugar del tipo de cambio estatal de 120, lo que configuraría un delito económico.

“Se nos dice que el tráfico de divisa es porque no se ha cambiado en el banco... haciéndonos saber que es un delito sancionado de 2 a 5 años de privación de libertad”, denunció Viñas, quien aseguró que se han dictado medidas cautelares como restricción de movimiento (casa-trabajo) y regulación migratoria.

“No tenemos ninguna preocupación porque como ciudadanos no tenemos ni una multa de tránsito”, escribió el líder masón, y afirmó que todo esto tiene un trasfondo que va más allá del dinero (…) Sabemos lo que se pretende con todo esto, será lo que tenga que ser, pero dejo constancia ante mis hermanos de nuestra inocencia”, argumentó.

Injerencia del régimen

Esta nueva arremetida se suma al conflicto institucional que sacude a la masonería cubana desde mayo, cuando cientos de hermanos destituyeron al entonces Gran Maestro Mayker Filema Duarte por intentar perpetuarse en el cargo.

Pese a la legalidad de la decisión interna, el Ministerio de Justicia desconoció el proceso, respaldó a Filema y más tarde impuso a un nuevo líder masónico cercano al régimen.

Desde entonces, los masones han sido reprimidos, citados por la policía, expulsados de sus templos y amenazados con la congelación de cuentas si no acataban las imposiciones del Estado. Aun así, han seguido resistiendo, sesionando incluso en la calle, frente a la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, bajo fuerte vigilancia policial.

“Si el gobierno nos quiere dominar, no se lo vamos a permitir”, declaró en su momento el Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares.

Además, sucede apenas 24 horas después de que el propio Ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, asegurara en televisión nacional que el gobierno no se inmiscuía en los asuntos internos de la masonería.

“Es una intromisión hacia nuestro patrimonio privado que nunca se ha utilizado fuera del beneficio del asilo”, reiteran en el texto, alegando que todas las donaciones están justificadas mediante vales, libros contables y la autorización del Patronato.