La Seguridad del Estado en Cuba ha desatado una ofensiva mediática y judicial contra el líder masón José Ramón Viñas Alonso, una figura incómoda para el régimen desde que, en julio de 2021, condenara públicamente la represión contra las protestas del 11J.
En los últimos días, un texto anónimo y sin firma comenzó a circular en redes sociales y páginas afines al oficialismo, como Razones de Cuba, presentando a Viñas como un “falso líder” envuelto en una supuesta red de corrupción masónica.
El documento lo acusa de malversar fondos destinados al Asilo Nacional Masónico, de mantener vínculos con logias extranjeras “irregulares” y de politizar la fraternidad.
Para sus defensores, estas acusaciones son parte de una estrategia de difamación orquestada por la policía política. Viñas, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, ha sido un opositor abierto a la injerencia estatal en la masonería.
En 2021 firmó una carta en nombre de la hermandad que responsabilizaba directamente a Miguel Díaz-Canel por llamar a la violencia contra el pueblo. Desde entonces, ha sido interrogado, vigilado y objeto de procesos internos cuestionados por su carácter irregular.
Su postura crítica no solo incluyó la condena a la represión del 11J, sino también el rechazo a la invasión rusa de Ucrania, lo que, según masones consultados por medios independientes, lo convirtió en un objetivo prioritario de la Seguridad del Estado.
Represión y causa judicial
En mayo de este año, el Ministerio de Justicia destituyó a Viñas y designó como su sustituto a Lázaro Cuesta Valdés, un veterano masón señalado por su cercanía al régimen. La medida vino acompañada de amenazas de congelar los fondos de la fraternidad si la decisión no era acatada.
A inicios de agosto, Viñas fue nuevamente citado e interrogado por la Seguridad del Estado y enfrenta una imputación por “tráfico de divisas”.
La acusación se basa en dos cambios internos de 100 dólares entre masones para cubrir gastos del asilo, a una tasa de 370 pesos, en lugar de la oficial de 120. Para sus hermanos, la causa no es más que un pretexto para apartarlo del liderazgo y criminalizarlo.
“Pedimos solidaridad internacional contra el asesinato descarado que se está cometiendo con la masonería en Cuba”, denunció el escritor Ángel Santiesteban-Prats, también masón y crítico del régimen, quien aseguró estar sitiado por patrullas para impedirle asistir a apoyar a Viñas en una de sus citaciones.
Guerra por la autonomía masónica
La masonería cubana vive una crisis inédita, marcada por destituciones, expulsiones y la imposición de dirigentes afines al Gobierno. Pese a las amenazas, muchos miembros insisten en defender la autonomía de la institución, incluso sesionando en la calle frente a la estatua de Carlos Manuel de Céspedes bajo vigilancia policial.
Para ellos, la campaña contra Viñas Alonso no es un caso aislado, sino un mensaje claro: cualquier organización independiente que desafíe al poder corre el riesgo de ser infiltrada, dividida y desacreditada.
“Si el gobierno nos quiere dominar, no se lo vamos a permitir”, advirtió el Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares.
En medio de esta batalla, Viñas ha optado por el silencio público, fiel a la idea de que los asuntos de la fraternidad deben resolverse dentro de la orden. Pero la ofensiva en su contra deja claro que, en Cuba, ni la masonería escapa del control político.
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