Que el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola es un hombre perseverante, a estas alturas no es noticia sino efemérides. Desde Pascua (en abril) el expreso político cubano se planta todos los días, de 12.00 a 13.00 horas, en la pausa para el almuerzo que hace de lunes a viernes, frente al Parlamento suizo en busca del apoyo que necesita para invocar la jurisdicción universal en este país y conseguir que sean juzgados el mandatario Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el médico cubano Armando Martínez Fábregas.
Este doctor firmó el alta médica de Ruiz Urquiola, después de estar ingresado en la sala K, de la planta de penados del hospital universitario de Pinar del Río, adonde la Policía lo trasladó en su sexto día de huelga de hambre y sed, desde la prisión Kilo 5. Lo hicieron porque el médico de las prisiones de la provincia así lo ordenó siguiendo su criterio profesional, no porque él lo pidió. La idea era forzarlo a abandonar su protesta. Eso ocurrió en 2018. Fue allí, donde él asegura, con pruebas médicas en la mano, que le inocularon el VIH que padece desde esa fecha.
A los tres (Díaz-Canel, Raúl Castro y Martínez Fábregas) los acusa de ser autores intelectuales de inocularle el VIH, de torturas, de suministrar placebo a su hermana Omara Ruiz Urquiola, paciente oncológica; de acosar y decomisar animales a su mamá, en la finca de Pinar del Río, de no permitirle volver a su país, de expulsarlo de la universidad... En fin, de todo el sufrimiento acumulado durante años por la familia Ruiz Urquiola.
Según ha explicado el activista, Suiza, país donde reside con protección política, es competente para investigar crímenes que se hayan comprometido a perseguir con la firma de tratados internacionales, aunque se cometan en el extranjero, si el autor se encuentra en Suiza y no es extraditado.
Esto se aplica a la Convención contra la Tortura de la ONU, ratificada por Suiza, cuyo artículo 5.2 obliga a investigar actos de tortura, incluso si fueron cometidos fuera de este territorio, siempre que la víctima resida en Suiza, como es el caso.
En esencia, Ruiz Urquiola considera que los tres (Díaz-Canel, Raúl Castro y Armando Martínez Fábregas) son autores intelectuales y perpetradores de la infestación con VIH. A su juicio, lo hicieron tras ceder a las presiones internacionales y nacionales para que él fuera puesto en libertad bajo una "licencia extrapenal" en 2018.
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En esencia, Ariel Ruiz Urquiola defiende que la inoculación deliberada con VIH encaja en “otros actos inhumanos” y “lesión grave a la salud”. Dada su motivación política y represiva, en su opinión, forma parte de un ataque sistemático contra opositores.
Justamente los artículos del 264a al 264j del Código Penal suizo contemplan la posibilidad de juzgar por crímenes contra la humanidad a "quien como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, cometa asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución u otros actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud. En este caso será castigado en Suiza con una pena privativa de libertad no inferior a 5 años".
Ariel Ruiz Urquiola se basa, además, en que el Código Penal suizo establece que Suiza tiene competencia cuando el presunto autor de un crimen contra el derecho internacional se encuentra en territorio suizo o la víctima es residente habitual en Suiza. Esto aplica aunque el crimen se haya cometido en el extranjero, sin importar la nacionalidad del autor o de la víctima.
En este sentido, tanto la infestación deliberada con VIH como las torturas son crímenes contra la humanidad, según el artículo 264a del Código Penal suizo. El autor puede ser procesado aunque sea presidente en funciones, en el caso de Díaz-Canel. La inmunidad de jefes de Estado no es absoluta en casos de crímenes internacionales graves. Hay sentada jurisprudencia en el Arrest Warrant case de 2002 y la doctrina Pinochet, de Reino Unido, en 1999.
En estos momentos, Miguel Díaz-Canel, mientras ocupe el cargo de presidente, tiene inmunidad personal absoluta frente a tribunales suizos (salvo Corte Penal Internacional). Sin embargo, Raúl Castro ya no ocupa ningún cargo con inmunidad, por lo que puede ser investigado y eventualmente procesado si pisa territorio suizo. Por último, el médico firmante no tiene inmunidad internacional y podría ser procesado si entra a Suiza o a un país que coopere.
En estos momentos, Ariel Ruiz Urquiola, con su protesta diaria frente al Parlamento suizo busca apoyo para interponer una denuncia formal que debería ser facilitada por el Ministerio Público, pero que hay que interponer ante la Corte Federal de Justicia Suiza. Esto es algo que no puede hacer una persona a título individual, sino que corresponde a una organización o instituciones, por lo que la voluntad política juega aquí un papel importante.
Hasta el momento, ningún grupo político suizo se ha interesado en apoyar el caso de la familia Ruiz Urquiola, pero él no pierde las esperanzas y tampoco descarta acudir al apoyo popular.
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