Lo que comenzó como un sueño de regreso a casa se convirtió en una pesadilla para Juan Carlos Hernández Mora, un cubano-alemán que dejó atrás 12 años de vida en Europa para invertir en la isla y terminar sus días cerca de sus raíces.
Hoy, a sus 52 años, vive con una condena de 12 años a cuestas, sin su hostal, sin su casa y con la prohibición de salir de Cuba hasta 2030, según un reportaje del periodista de Martí Noticias Mario J. Pentón.
Hernández Mora se repatrió en 2008, compró una casa colonial en el centro histórico de Trinidad y abrió un negocio turístico que le daba para vivir y ayudar a los necesitados. “Extrañaba mi país, mis costumbres… pensé que podía sobrevivir aquí”, contó a Martí Noticias.
Pero en 2019 todo cambió. Fue arrestado y un año después, en un juicio a puertas cerradas, condenado por proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico.
Afirma que las acusaciones son injustas y que todas las personas mencionadas en la causa eran adultas, sin coacción ni engaño. Tras la sentencia, el Estado confiscó su vivienda y reubicó a su familia en un modesto apartamento en las afueras de Trinidad.
Patrón de expropiaciones
La abogada y directora de Cubalex Laritza Diversent, en conversación con Pentón, denuncia que el régimen cubano utiliza el derecho penal como herramienta de control para apropiarse de inmuebles valiosos, sobre todo aquellos reformados para el turismo. “Hoy pueden invitarte a invertir; mañana te encarcelan y te lo quitan todo”, advirtió.
Hernández Mora fue liberado bajo libertad condicional en 2024, pero su doble ciudadanía no le sirve para regresar a Alemania. “Solo quiero terminar mi condena y volver… Me arrepiento profundamente de haber regresado a Cuba”, dice con amargura.
El gobierno alemán confirmó que mantiene contacto y le brinda asistencia consular, pero evitó dar detalles. Mientras tanto, Hernández sigue atrapado en la isla, convertido en un ejemplo más del riesgo que corren quienes deciden regresar e invertir bajo el control de un Estado que no garantiza seguridad jurídica.
En 2021, el español Armando Unsain Bartolomé, un declarado defensor del régimen y propietario del hotel boutique La Colonial 1861 en La Habana, recibió una orden del Ministerio del Interior para abandonar la isla en 30 días o ser deportado.
Las autoridades lo acusaron de conducta violenta y de haber sido investigado por delitos graves, que él negó categóricamente. Pese a su afinidad política y su inversión en el sector turístico, tuvo que irse de Cuba denunciando una “injusticia” y un “destierro” arbitrario.
Más reciente es el caso del empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket, conocido como el “Costco cubano”. Detenido en 2024 bajo acusaciones de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos, su empresa fue intervenida por fuerzas militares y todos sus bienes confiscados.
Hoy, cumple más de un año en prisión preventiva y en junio protagonizó una huelga de hambre, denunciando un proceso judicial arbitrario y la fabricación de cargos en su contra.
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