En Cuba se han documentado varios casos que ilustran los riesgos de invertir en la Isla, especialmente para emprendedores que intentan establecer negocios en un sistema controlado por el régimen.
Los cambios repentinos en las reglas del juego, la falta de seguridad jurídica y los obstáculos burocráticos y corrupción son una combinación fatal que disuadirían a cualquiera de invertir en el país.
El caso de Juan Carlos Hernández Mora
Juan Carlos Hernández Mora, un cubano-alemán que dejó atrás 12 años de vida en Europa para invertir en la isla y terminar sus días cerca de sus raíces.
Hoy, a sus 52 años, vive con una condena de 12 años a cuestas, sin su hostal, sin su casa y con la prohibición de salir de Cuba hasta 2030.
Repatriado en 2008, compró una casa colonial en el centro histórico de Trinidad y abrió un negocio turístico que le daba para vivir y ayudar a los necesitados. “Extrañaba mi país, mis costumbres… pensé que podía sobrevivir aquí”, contó a Martí Noticias.
En 2019 fue arrestado y un año después, en un juicio a puertas cerradas, fue condenado por proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico.
Afirma que las acusaciones son injustas y que todas las personas mencionadas en la causa eran adultas, sin coacción ni engaño. Tras la sentencia, el Estado confiscó su vivienda y reubicó a su familia en un modesto apartamento en las afueras de Trinidad.
El español Armando Unsain Bartolomé
En 2021, el español Armando Unsain Bartolomé, declarado defensor del régimen y propietario del hotel boutique La Colonial 1861 en La Habana, recibió una orden del Ministerio del Interior para abandonar la isla en 30 días o ser deportado.
Las autoridades lo acusaron de conducta violenta y de haber sido investigado por delitos graves, que él negó categóricamente.
El documento entregado por el MININT asegura que el español "ha sido procesado por alteración del orden público, e investigado como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas, hechos que suscitaron la cancelación temporal de su licencia de arrendamiento y ha mostrado una conducta de enfrentamiento a las normas de convivencia social y no ha logrado una inserción adecuada en la comunidad donde reside".
Pese a su afinidad política y su inversión en el sector turístico, tuvo que irse de Cuba denunciando una “injusticia” y un “destierro” arbitrario.
El dueño del "Costco cubano"
El empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket, conocido como el “Costco cubano”, fue detenido en 2024 bajo acusaciones de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos.
Su empresa fue intervenida por fuerzas militares y todos sus bienes confiscados.
El pasado 21 de mayo, Cuspinera envió una carta manuscrita desde prisión, en la que denunció la falta de garantías legales en su proceso y pidió la intervención de organismos internacionales y del Departamento de Estado de EE.UU.
En el texto arremetió contra la Seguridad del Estado y el sistema judicial cubano, a los que acusó de haber fabricado cargos sin darle derecho a una defensa efectiva.
Estos casos han tenido un efecto devastador en la confianza del sector empresarial privado en Cuba. Muchos ven en estas detenciones y expropiaciones un acto ejemplarizante del oficialismo para intimidar a quienes apuestan por la inversión privada. Otros los consideran víctimas de un sistema legal impredecible.
La abogada y directora de Cubalex Laritza Diversent, en conversación con Mario J. Pentón, denuncia que el régimen cubano utiliza el derecho penal como herramienta de control para apropiarse de inmuebles valiosos, sobre todo aquellos reformados para el turismo. “Hoy pueden invitarte a invertir; mañana te encarcelan y te lo quitan todo”, advirtió.
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