Ocho meses después de que un policía de Sweetwater derribara al suelo a Vivian Hernández, de 61 años, durante un arresto que fue grabado en video, la cubana se prepara para enfrentar un juicio en su contra que, según afirma, nunca debió existir.
A pesar de que la fiscalía le ofreció un acuerdo de culpabilidad que le habría permitido evitar la cárcel, la mujer lo rechazó.
La residente del parque de casas móviles Li’l Abner sostiene que fue víctima de un “arresto improcedente” y de un uso excesivo de la fuerza por parte del agente.
El incidente ocurrió en diciembre pasado, en las oficinas administrativas del complejo, en medio de la tensión por una orden de desalojo que afectaba a toda la comunidad.
En ese momento, las autoridades comenzaron la demolición de algunas viviendas, lo que provocó protestas de los residentes.
Los cargos y la postura de la defensa
Hernández enfrenta tres cargos por delitos menores: resistencia sin violencia al arresto, conducta desordenada y allanamiento tras advertencia.
“Creo que es lo más justo porque los tres cargos que me pusieron, a mi entender, son cargos para justificar un arresto improcedente”, dijo en declaraciones a la prensa local la mujer, quien asegura que en todo momento actuó de forma pacífica.
“En ningún momento yo formé disturbio público… de la mejor manera y la forma más decente expliqué por qué ellos no debían estar demoliendo la primera propiedad como lo estaban haciendo”, añadió.
Su abogado, David Winker, respalda la decisión: “Ella simplemente no se siente cómoda declarándose culpable de eso… siente que no hizo nada malo. Cree que es algo por lo que vale la pena luchar”.
El polémico video
El arresto quedó registrado en una grabación que muestra a un agente sujetando a Hernández y lanzándola al suelo mientras ella grita en español.
“No estoy haciendo nada. Me estás usando la fuerza solo por diversión”. La escena, ampliamente difundida en redes y medios locales, se convirtió en un símbolo de la disputa por los desalojos en Sweetwater.
La policía sostiene que Hernández se negó a acatar las órdenes, lo que les obligó a usar la fuerza.
Ella, por su parte, insiste en que la violencia fue innecesaria y que solo estaba intentando pagar su alquiler cuando fue arrestada.
Más allá del proceso penal, Hernández forma parte de una demanda colectiva presentada por unos 200 inquilinos del parque, quienes permanecen en sus viviendas a pesar del inicio de las demoliciones.
“Queremos que se oiga nuestra protesta… que nos valoren el precio justo de nuestra vivienda y nos traten con el respeto que merecemos”, afirmó.
El caso de Hernández se ha convertido en un punto de referencia para otros residentes que denuncian presiones indebidas y falta de respeto en el proceso de desalojo. La disputa legal sobre la remodelación del terreno sigue abierta, y su desenlace podría sentar un precedente para la comunidad.
El juicio estaba programado para comenzar con la selección del jurado este lunes, pero el proceso fue pospuesto hasta nuevo aviso.
De ser declarada culpable, Hernández podría enfrentar hasta un año en prisión por cada cargo, y en total más de dos años y medio tras las rejas.
Mientras espera una nueva fecha, la cubana continúa viviendo en Li’l Abner.
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