La noche del lunes se reportó un acto de vandalismo contra una relojería ubicada en la calle Obispo, en el corazón de La Habana Vieja, uno de los principales corredores turísticos y comerciales de la capital cubana.
Según información publicada por CubaNet y confirmada por trabajadores del establecimiento, los responsables del hecho rompieron una de las vidrieras del local y sustrajeron dos carteras que estaban en exhibición. Los empleados consideran que se trató de una acción deliberada para causar daño, ya que no se llevaron otros artículos disponibles dentro del comercio.
En la mañana del martes, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudieron al lugar, pero se retiraron poco tiempo después, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio independiente.
Este nuevo incidente ocurre en un contexto de creciente inseguridad ciudadana en Cuba. Solo en el primer semestre de 2024, el observatorio Cuba Siglo 21 documentó 432 delitos violentos, incluyendo 260 robos y 91 asesinatos. La entidad también estimó un aumento de más del 50% en la criminalidad con respecto a 2023, con La Habana como una de las provincias más afectadas.
En la calle Obispo —arteria clave de La Habana Vieja— también se han reportado anteriormente asaltos a turistas y otros actos vandálicos. En redes sociales, el video del local vandalizado fue compartido ampliamente, mostrando los daños visibles en la vidriera.
Este suceso se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en las últimas semanas. El pasado 5 de agosto, un cajero automático del Banco Metropolitano en Santos Suárez fue apedreado durante un apagón masivo. Un mes antes, otro cajero en Diez de Octubre fue atacado, lo que llevó a la entidad bancaria a reconocer la frustración creciente entre la población por la escasez de efectivo y el deterioro del sistema bancario.
En este contexto, el Tribunal Supremo de Cuba dictaminó en mayo que los delitos que afecten infraestructuras estratégicas serán juzgados como sabotaje, con penas agravadas y tratamiento judicial expedito. Aunque este caso aún no ha sido clasificado oficialmente, el clima de tensión social y la repetición de hechos similares alimentan la preocupación ciudadana.
Mientras tanto, el régimen guarda silencio y la ciudadanía continúa enfrentando una creciente sensación de inseguridad en medio de la crisis económica y social que golpea a la isla.
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