El Tribunal Supremo Popular de Cuba anunció este jueves que los delitos que afecten infraestructuras estratégicas del país, como los trenes, el sistema eléctrico, los parques fotovoltaicos y las telecomunicaciones, serán calificados penalmente como sabotaje, una de las figuras más graves recogidas en el actual Código Penal cubano.
La decisión fue comunicada mediante el Dictamen 475, emitido el 23 de mayo de 2025 por el Consejo de Gobierno del máximo órgano judicial, y difundido este jueves a través de su perfil oficial en Facebook.
El documento busca unificar criterios en los tribunales del país y reforzar la respuesta penal ante acciones que, según las autoridades, comprometen servicios esenciales.
Entre los hechos contemplados se incluyen vandalismos contra medios de transporte público, sustracción de piezas ferroviarias o de locomotoras, contaminación de depósitos de combustible, y ataques a grupos electrógenos o instalaciones solares que integran el Sistema Electroenergético Nacional, además de daños contra infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información.
El dictamen especifica que estos actos, cuando muestren intencionalidad o afecten intereses estratégicos del Estado, serán encuadrados bajo el artículo 125 del Código Penal como delito de sabotaje, con posibilidad de agravarse bajo el artículo 126 si hay peligro para vidas humanas o se pone en riesgo la seguridad colectiva.
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El Tribunal también ordena que estos casos reciban un tratamiento judicial expedito, evitando demoras en su tramitación.
Se prevé además la imposición de sanciones severas, incluyendo prisión provisional, agravantes como el uso de menores o la nocturnidad, y medidas accesorias como la confiscación de bienes o la prohibición de salida del país.
Finalmente, la máxima instancia judicial exhorta a que se celebren juicios ejemplarizantes y se dé difusión mediática a estos procesos, con el objetivo de elevar la conciencia jurídica y prevenir nuevos actos delictivos.
En los últimos meses, se ha producido un repunte de hechos vandálicos en diferentes puntos del país, con acciones que afectan directamente infraestructuras clave.
Individuos han sido sorprendidos en plena tentativa de robo de cabillas en zonas ferroviarias de La Habana, mientras que en otras localidades se han reportado ataques con piedras a ómnibus del transporte público, por los cuales fueron detenidos varios presuntos responsables.
Frente al aumento de este tipo de incidentes, las autoridades han llegado a aplicar medidas drásticas en determinadas zonas del país, y se ha reportado una creciente vulnerabilidad en los servicios de telecomunicaciones, con decenas de incidentes que han afectado redes de ETECSA.
Preguntas frecuentes sobre el endurecimiento de penas por delitos contra infraestructuras en Cuba
¿Qué delitos serán considerados como sabotaje en Cuba?
Los delitos que afecten infraestructuras estratégicas de Cuba, como trenes, el sistema eléctrico, parques fotovoltaicos y telecomunicaciones, serán juzgados como sabotaje. Este cambio busca reforzar la penalización de acciones que comprometan servicios esenciales del país, según el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular de Cuba.
¿Qué penas enfrentan quienes cometan sabotaje en Cuba?
Las personas acusadas de sabotaje podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo prisión provisional y medidas como la confiscación de bienes. Las penas pueden ser agravadas si los actos ponen en peligro vidas humanas o la seguridad colectiva, según especifica el Código Penal cubano.
¿Cómo influye el contexto de crisis energética en la calificación de delitos en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha intensificado la clasificación de ciertos delitos como sabotaje. El robo de componentes del sistema eléctrico, como transformadores y aceite dieléctrico, es percibido como una amenaza significativa, agravando la crisis energética y justificando una respuesta penal más severa.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para prevenir delitos contra infraestructuras?
El gobierno cubano está promoviendo juicios ejemplarizantes y una mayor difusión mediática de los mismos para elevar la conciencia jurídica y prevenir nuevos actos delictivos. Además, se han implementado medidas de seguridad en infraestructuras estratégicas, como la instalación de cámaras y guardias en parques solares.
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