El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció una revisión masiva de más de 55 millones de titulares de visas válidas.
El objetivo es detectar posibles violaciones que podrían derivar en la revocación de los permisos y la eventual deportación de quienes estén en el país.
La medida, que expertos en inmigración califican de inédita por su alcance y carácter preventivo, se inscribe en la política migratoria más restrictiva de la administración del presidente Donald Trump.
La revisión masiva de visas abarca todas las categorías: turismo, negocios, estudios, trabajo temporal e intercambio.
Según el Departamento de Estado, la "investigación continua" se enfocará en identificar cualquier indicio de inelegibilidad que surja después de emitida la visa.
Entre los criterios evaluados se encuentran la permanencia excesiva en el país, antecedentes de actividad criminal, amenazas a la seguridad pública y cualquier participación en actos terroristas o apoyo a organizaciones terroristas.
Expertos advierten que esta revisión podría ir más allá de la conducta legal y enfocarse en la expresión política de los solicitantes.
David J. Bier, director de política migratoria del Cato Institute, dijo a The Washington Post que la administración podría realizar revisiones "proactivas" de las publicaciones en redes sociales y revocar visas basándose no en la conducta, sino en la expresión de opiniones, un enfoque que genera preocupación por posibles arbitrariedades y discriminación en la selección de casos.
La medida, que formaliza un procedimiento ya existente, implica que la condición de visa -tradicionalmente sujeta a reevaluación en caso de delitos o violaciones migratorias- será ahora sometida a un escrutinio constante, incluso cuando no haya infracciones evidentes.
Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Instituto de Política Migratoria, señaló a la agencia AP que la revisión de más de 55 millones de visas incluiría también a personas que están fuera del país con permisos de turista de entradas múltiples, lo que genera dudas sobre la eficiencia del uso de recursos en casos de personas que quizás no vuelvan a Estados Unidos.
El Departamento de Estado indicó que la revisión incluirá un análisis exhaustivo de registros policiales, judiciales y de inmigración.
Además, se podría inspeccionar las cuentas en redes sociales y dispositivos electrónicos, conforme a los nuevos requisitos de visado adoptados a principios de año, que permiten a los funcionarios acceder a teléfonos y aplicaciones de los solicitantes durante el proceso de entrevista.
Aunque el Departamento de Estado asegura que la medida busca garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley, organizaciones civiles y expertos en inmigración alertan sobre el riesgo de discrecionalidad y arbitrariedad, sobre todo al vincular la revocación de visas con opiniones políticas o actividades en las redes.
Con esta política, la administración Trump refuerza su mensaje de que ninguna visa es definitiva, y que todos los titulares están sujetos a supervisión constante.
La evaluación continúa mientras la visa está vigente, con la posibilidad de revocación inmediata y deportación si surge nueva información que comprometa la elegibilidad del titular.
El alcance de esta política ya empezó a reflejarse en cifras concretas: desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han revocado más de 6,000 visas de estudiantes por exceder la duración de su estadía o infringir la ley estadounidense.
De estas, aproximadamente 4,000 fueron por infracciones legales comunes, mientras que entre 200 y 300 se debieron a cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluyendo apoyo a organizaciones terroristas designadas o a estados patrocinadores del terrorismo.
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