Miles de estudiantes sin estatus migratorio legal en Florida están siendo forzados a abandonar sus estudios universitarios tras la entrada en vigor de una nueva ley estatal que elimina su acceso a la matrícula como residentes.
La medida afecta directamente a jóvenes que, aunque crecieron y estudiaron en Estados Unidos, ahora deben enfrentar tarifas académicas elevadas que les resultan inalcanzables.
La información fue confirmada por la agencia Associated Press (AP), que documenta cómo la reciente derogación de la ley de 2014 —que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar matrícula estatal en universidades públicas— ha provocado un efecto inmediato de exclusión y deserción educativa.
El cambio fue promovido por el gobernador Ron DeSantis y respaldado por figuras de su administración, como la vicegobernadora Jeanette Núñez, quien paradójicamente impulsó la ley original hace una década.
La derogación entró en vigor el pasado 1 de julio, y ya se observan los efectos.
Durante el curso 2023-2024, más de 6,500 estudiantes calificaron para la exención de matrícula como residentes en el estado.
Sin ese beneficio, los costos se disparan. Por ejemplo, en la Universidad de Florida, un residente paga cerca de 6,380 dólares anuales en matrícula, mientras que un estudiante sin estatus legal debe asumir más de 30,900 dólares, sin contar alojamiento, transporte ni materiales.
El recorte del acceso a la educación se enmarca dentro de una política migratoria más restrictiva impulsada por el presidente Donald Trump y su administración.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido públicamente medidas similares en otros estados, bajo el argumento de “priorizar recursos para ciudadanos y residentes legales”.
Fuera de Florida, otros estados como Texas, Kentucky, Minnesota y Oklahoma también enfrentan demandas o bloqueos judiciales sobre programas similares, recordó AP.
El Departamento de Educación de EE. UU. ha iniciado investigaciones contra universidades que otorgan becas privadas a estudiantes indocumentados.
En la práctica, la decisión ha obligado a muchos jóvenes a abandonar sus estudios, cambiar de carrera o migrar a programas en línea.
Algunos intentan adaptarse a nuevas instituciones que ofrecen menor costo, pero otros han tenido que buscar empleos informales para sobrevivir, renunciando a años de preparación académica.
Docentes y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la medida no solo afecta el acceso a la educación, sino que socava el rendimiento escolar de miles de adolescentes que ya perciben la universidad como un sueño inalcanzable.
“¿Cómo se motiva a un estudiante a estudiar álgebra si sabe que no podrá ir a la universidad?”, se preguntó Rosie Curts, profesora de secundaria en Dallas.
Además, la situación se agrava con el aumento de acuerdos entre universidades públicas y el servicio de inmigración (ICE), lo que intimida aún más a los estudiantes indocumentados, especialmente aquellos que vivían en residencias universitarias o asistían presencialmente.
En ciudades como Orlando, donde residen miles de estudiantes latinos, el efecto psicológico también es visible, subrayó AP.
Algunos jóvenes han optado por encerrarse en sus viviendas, asistir únicamente a clases virtuales y evitar espacios públicos, por temor a ser detenidos.
Muchos de estos estudiantes llegaron al país siendo niños, hablan inglés como lengua materna y han cumplido con todos los requisitos académicos exigidos.
Sin embargo, una barrera legal y económica ahora los margina, impidiéndoles avanzar hacia una formación profesional.
La eliminación de la matrícula estatal no solo corta un derecho educativo, sino que también impacta directamente en el futuro económico y social de estas comunidades.
Organizaciones civiles han pedido a la legislatura federal que se cree una vía legal para que estos jóvenes, en su mayoría latinoamericanos, puedan continuar sus estudios sin persecución ni castigos financieros.
Mientras tanto, miles de estudiantes como ellos quedan atrapados en una paradoja: crecieron bajo la promesa del esfuerzo académico como salida, pero al llegar a la meta, el sistema les cierra la puerta.
En julio salió a la luz la historia de Wendy Vega Lores, una joven cubana de 19 años que sueña con convertirse en pediatra en Estados Unidos y, en ese momento, permanecía detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de presentarse a una cita rutinaria en un tribunal de inmigración en San Antonio, Texas.
La joven, que llegó a EE. UU. con sus padres siendo menor de edad y cuya solicitud de asilo lleva más de dos años en trámite, fue arrestada el pasado 16 de junio, el mismo día en que cumplía 19 años.
A pesar de que su familia fue liberada 23 días después, Wendy seguía en julio recluida en el centro de detención para mujeres migrantes de Karnes.
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