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El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y seis meses de prisión por grabar con su celular una cola para comprar gas licuado. La sentencia lo declara culpable de los presuntos delitos de desobediencia y atentado, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que tuvo acceso al documento judicial.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024 al mediodía, cuando Duque de Estrada filmaba una aglomeración de personas en una cola para comprar gas doméstico en un barrio de Santiago de Cuba. El oficial de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés lo interceptó y, tras identificarse como militar, le ordenó dejar de grabar y entregar su documento de identidad.
Según la versión oficial, incluida en la sentencia, el ciudadano se negó a identificarse, lanzó insultos y terminó golpeando al agente durante un forcejeo. El tribunal estuvo conformado por los jueces Irina Díaz Delis (ponente), Hugo Liens Martínez y Noelia Rodríguez Martínez.
El OCDH calificó el proceso como una “farsa” y afirmó que “todo el proceso judicial ha estado lleno de violaciones a los derechos humanos”. En su análisis, la organización con sede en Madrid denunció que la sentencia “deja al descubierto la actuación ilegal y desproporcionada del agente de la policía política que atacó a Duque de Estrada Ferrer”.
“Es una costumbre que estos agentes intervengan con represión violenta y después se hagan las víctimas”, añadió el Observatorio. En su crítica al fallo, señalaron que el oficial Soulary Garcés “se identifica como militar, lo que ya es problemático”, y que su intervención inicial “ya es de por sí cuestionable” desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos.
“Filmar una fila para comprar gas licuado no califica como una amenaza a la seguridad nacional”, subrayó el OCDH. “El acto del oficial no estuvo motivado en razón de sus deberes laborales. Por lo tanto, su intervención inicial ya es de por sí cuestionable”.
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En cuanto a las restricciones impuestas, el Observatorio advirtió que “requerirlo para que dejara de grabar y para que guardara el teléfono celular restringe directamente la libertad de expresión y de información, un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Cuba es firmante”.
La organización también cuestionó el uso de la fuerza: “La detención y el uso de la fuerza fueron desproporcionados, violando los derechos a la libertad personal y a la privacidad”. Añadieron que “el oficial no tenía fundamento jurídico para prohibir la filmación ni para pedir carné de identidad ante la ausencia de delito y de contravención”.
“Su intervención es por ello un acto extralegal, ilegal e inconstitucional, que excedía sus funciones y por lo cual no procedería, tras la provocación del hecho, la imputación de algún delito”, señaló el OCDH. Incluso recordaron que antiguas sentencias del Tribunal Supremo cubano han establecido que debe absolverse a los acusados cuando su reacción es consecuencia del “mal obrar, abusivo, violento y/o ilegal” del agente estatal.
Antes de la sentencia, el OCDH había denunciado que la Fiscalía pedía una condena total de cinco años y seis meses, incluyendo cargos por desobediencia, atentado y resistencia, además de la suspensión de derechos civiles y políticos.
Julio César Duque de Estrada, quien permanece detenido en la prisión de Aguadores, es padre de Dairon Duque Estrada Aguilera, uno de los manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Aunque no pertenece a organizaciones políticas, su postura crítica le ha convertido en blanco de vigilancia estatal.
El OCDH exige su liberación inmediata y reiteró que “filmar en un espacio público no constituye delito”. “El régimen cubano está más preocupado por ocultar la grave crisis que por solucionar los problemas de la gente”, concluyó la organización.
Preguntas frecuentes sobre la condena de Julio César Duque de Estrada Ferrer en Cuba
¿Por qué fue condenado Julio César Duque de Estrada Ferrer a prisión en Cuba?
Julio César Duque de Estrada Ferrer fue condenado a cuatro años y medio de prisión por grabar con su celular una cola para comprar gas licuado en Santiago de Cuba. La sentencia se basó en los presuntos delitos de desobediencia y atentado, aunque el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha calificado el proceso como una "farsa" llena de violaciones a los derechos humanos.
¿Qué irregularidades se han denunciado en el proceso judicial contra Duque de Estrada?
El OCDH denunció que el proceso judicial contra Duque de Estrada estuvo “lleno de violaciones a los derechos humanos” y que la actuación del oficial que lo arrestó fue “ilegal y desproporcionada”. Se cuestionó la intervención del oficial como un acto extralegal, ilegal e inconstitucional, restringiendo la libertad de expresión y el derecho a documentar la realidad social.
¿Qué papel juega el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en este caso?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha sido una voz crítica en el caso de Duque de Estrada, denunciando las violaciones de derechos humanos y exigiendo su liberación inmediata. El OCDH ha destacado que filmar en un espacio público no constituye un delito y ha criticado la represión del régimen cubano hacia quienes documentan la crisis social en la isla.
¿Cómo se vincula el caso de Duque de Estrada con la situación de derechos humanos en Cuba?
El caso de Duque de Estrada refleja un patrón más amplio de represión en Cuba, donde el sistema judicial es utilizado para silenciar voces críticas y documentar la realidad social es penalizado. La situación de los derechos humanos en Cuba es preocupante, con un uso sistemático del aparato represivo para castigar la disidencia y limitar la libertad de expresión y de información.
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