El régimen cubano inició este martes un juicio contra 16 ciudadanos que participaron en una protesta pacífica en Bayamo, el 17 de marzo de 2024, una de las mayores manifestaciones contra el gobierno registradas ese año en la región oriental de la isla.
El proceso tiene lugar en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo, en la provincia de Granma, y se desarrolla en medio de fuertes críticas por su carácter político. Según fuentes judiciales del propio régimen, la Fiscalía imputa a los manifestantes presuntos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir”.
De los 16 acusados, 13 permanecen en prisión provisional y 3 se encuentran bajo medidas no detentivas, con prohibición de salida del país. El juicio se desarrolla de manera parcial, involucrando de momento a 15 de los acusados.
Los hechos por los que están siendo juzgados ocurrieron el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de bayameses salieron a las calles con gritos de “Libertad”, “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura” y otras consignas, cantaron el himno nacional y exigieron cambios, comida y electricidad. La represión no se hizo esperar: agentes del Ministerio del Interior y tropas especiales bloquearon calles, golpearon y arrestaron a manifestantes, según se evidenció en numerosos videos difundidos en redes sociales.
A más de un año de aquella jornada, el juicio se produce en un contexto marcado por el aumento del malestar social y el recrudecimiento de la represión estatal. Solo en agosto de 2024, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 691 protestas en todo el país, una cifra que refleja el crecimiento de las expresiones de descontento por la falta de alimentos, apagones, inseguridad, colapso sanitario y otras fallas estructurales del sistema.
El periodista cubano José Raúl Gallego, por su parte, calificó la publicación en prensa oficialista sobre el juicio a los manifestantes de Bayamo como un mensaje de intimidación en medio de un clima tenso.
"Lo hacen ahora para intimidar, porque saben que la situación está provocando nuevos estallidos, como el que sucedió el pasado día 13 en Gibara. Es una muestra de cómo la prensa oficialista es parte de los mecanismos de represión a la ciudadanía", dijo.
“Es importante saber los nombres de jueces, fiscales y testigos de la fiscalía que participan en estos actos, para que queden registrados como violadores de derechos, ya que encarcelar a un ser humano por ejercer su derecho a la protesta es una violación, por la que en algún momento deberán responder”, añadió en su publicación compartida en redes sociales.
Los enjuiciamientos por manifestaciones pacíficas no son un hecho aislado. El 24 de mayo de 2025 también se registraron protestas en Bayamo por apagones prolongados y falta de servicios básicos. Más recientemente, el 14 de septiembre, vecinos de Gibara salieron a protestar tras más de 24 horas sin electricidad y, pocas horas después, varios manifestantes fueron detenidos en operativos nocturnos, contradiciendo la narrativa oficial de “diálogo”.
Lejos de respetar el derecho a la manifestación pacífica, las autoridades cubanas continúan utilizando procesos penales y detenciones arbitrarias para castigar la disidencia, en un patrón que se repite desde el 11J hasta las protestas más recientes. El juicio en Bayamo forma parte de ese esquema represivo.
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