Un tribunal de Ciego de Ávila condenó a un matrimonio joven por el cultivo y ocultamiento de marihuana en un juicio público calificado por las autoridades como "ejemplarizante", celebrado en el contexto del IV Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito.
Según informó el periódico Invasor el proceso judicial tuvo lugar en el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila y concluyó con una pena de siete años de prisión para el acusado por el cultivo de Cannabis sativa, y cuatro años para su esposa, sancionada por encubrimiento. Ambos residen en el municipio de Venezuela.
Durante el registro efectuado por las fuerzas del orden en el domicilio de los imputados, se incautaron tres plantas de marihuana con un peso total de 66,72 gramos, en estado vegetativo.
Según la sentencia dictada por el tribunal, correspondiente a la causa 118 de 2025, se valoraron las características personales de los acusados, su conducta social y la lesividad del delito. Tanto los condenados como la Fiscalía tienen derecho a interponer recurso de casación si no están conformes con el fallo.
Este caso forma parte de una ofensiva judicial nacional impulsada por el régimen cubano. En Las Tunas, un ciudadano fue sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de marihuana como parte de esta misma campaña represiva.
También se han reportado sentencias similares en otras provincias: en Holguín, dos hombres y una mujer recibieron penas de hasta ocho años de cárcel por delitos vinculados con drogas, mientras que un tribunal de La Habana condenó a 15 años de cárcel a un acusado de traficar cocaína y drogas sintéticas.
Estos juicios se han desarrollado en paralelo a lo que el gobierno denomina una política de “tolerancia cero”. Sin embargo, según diversos análisis, como el publicado en otro caso de Holguín que también fue presentado como juicio ejemplarizante, estas condenas funcionan como advertencias sociales más que como procesos judiciales independientes.
Incluso el propio lenguaje oficial ha generado controversia. En una reciente audiencia en Holguín, se reconoció el objetivo de disuadir a personas con “potencial delictivo”, una expresión que contradice los principios básicos del derecho penal moderno y refuerza la percepción de que estos juicios son parte de una estrategia de control social más que de justicia efectiva.
Pese al endurecimiento de las condenas, el consumo y tráfico de drogas —especialmente de sustancias sintéticas como el llamado “químico” o “papelillo”— sigue creciendo en la isla. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, más de 1,500 personas han sido arrestadas por delitos relacionados con drogas en el último año, lo que evidencia las limitaciones del enfoque represivo del gobierno cubano.
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