El Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó esta semana a tres ciudadanos -Beatriz Reyes Mederos, Alexis Alberto Hernández Pupo e Ismael González Medina- a penas de entre seis y ocho años de prisión por delitos vinculados con tenencia, tráfico y consumo de drogas.
El fallo, dictado en la sede judicial del municipio de Banes, fue presentado por la prensa oficial como un "juicio ejemplarizante", en sintonía con la política de cero tolerancia promovida por el régimen cubano.
Según la información divulgada por la emisora local Radio Banes, González Medina recibió ocho años de privación de libertad, mientras que Reyes Mederos y Hernández Pupo fueron sancionados a seis años cada uno.
Además, se les impuso la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de lo ocupado durante el proceso.
Un proceso propagandístico
El tribunal aseguró que el juicio se realizó con todas las "garantías legales" y subrayó que la Fiscalía sustentó las acusaciones con pruebas testificales, documentales y periciales.
Como es habitual, el caso se convirtió en un acto de propaganda del régimen.
La prensa estatal subrayó su carácter "aleccionador", repitiendo la línea gubernamental que insiste en mostrar estas condenas como parte de una cruzada nacional contra el auge de las drogas.
Páginas oficialistas resaltan que el proceso en Holguín tuvo un enfoque "profiláctico y preventivo", llegando incluso a hablar de sancionar a personas con "potencial delictivo".
Este tipo de formulaciones, que contradicen los principios del derecho penal moderno, evidencian cómo los tribunales cubanos operan más como herramientas de control social que como instituciones judiciales independientes.
Una campaña en toda la Isla
El caso de Banes forma parte de una serie de juicios masivos con el mismo enfoque.
En La Habana, el 22 de septiembre, el Tribunal Provincial condenó a José Alberto Ducá Valón a 15 años de prisión por venta de cocaína y drogas sintéticas.
En Matanzas, otro joven espera sentencia tras confesar haber comprado y revendidos narcóticos, a pesar de no tener antecedentes penales, con la Fiscalía pidiendo siete años de cárcel.
Todos estos procesos se inscriben en una campaña nacional de tolerancia cero contra el narcotráfico, una ofensiva judicial que busca mostrar firmeza frente al fenómeno del consumo y tráfico de drogas, especialmente los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como "químico" o "papelillo".
La otra cara: auge del consumo y fracaso policial
Pese a las condenas severas, el problema no deja de crecer.
El propio Ministerio del Interior (MININT) reveló que en el último año más de 1,500 personas han sido arrestadas por casos vinculados a drogas y que el consumo de sustancias sintéticas alcanza niveles inéditos en Cuba, especialmente entre jóvenes.
Lejos de erradicar el fenómeno, las penas draconianas muestran el fracaso del enfoque represivo del gobierno.
El gobierno actúa con dureza en los procesos judiciales, pero sin atacar las causas estructurales: la crisis social, la falta de oportunidades para los jóvenes y la corrupción que permite que las drogas circulen cada vez con mayor facilidad.
Mientras el régimen convierte cada juicio en un espectáculo público para reforzar el miedo y disciplinar a la población, la realidad en barrios y ciudades demuestra que la llamada política de cero tolerancia no detiene el crecimiento del narcotráfico ni del consumo, y que el problema sigue expandiéndose con un costo cada vez más alto para las familias cubanas.
Vídeos relacionados:
Archivado en: