Lo que comenzó como una auditoría rutinaria en una granja avícola de Guantánamo terminó convirtiéndose en un proceso judicial polémico que hoy tiene a cinco trabajadores sancionados, entre ellos Yanet Martínez Latamblet, y a los directivos de la entidad fuera del banquillo.
La mujer fue condenada por la desaparición de más de 7,000 pollos, un delito que niega y por el que apunta directamente a la dirección de la empresa estatal, expuso el sitio 14ymedio en un amplio reportaje sobre el tema.
“Quiero denunciar la violación y el acoso que estoy teniendo de parte de la máxima dirección de mi empresa”, declaró Martínez Latamblet.
El 25 de septiembre, el Tribunal Municipal de Guantánamo la sentenció a un año de prisión domiciliaria por “no preservación de los bienes del Estado”. Afirma que no tuvo tiempo ni recursos para preparar su defensa y ha anunciado que apelará la decisión, mientras insiste en que los verdaderos responsables nunca enfrentaron la justicia.
Un proceso judicial cuestionado
Martínez Latamblet trabajó en la granja Lajita 1 entre 2017 y 2024 como criadora. El 7 de septiembre recibió una citación para un juicio por “incumplimiento del deber”, pero asegura que solo en la sala se enteró de la acusación por el faltante masivo de aves.
“Nos enteramos de todo allí mismo, no teníamos ningún tipo de preparación. Todo lo que habíamos oído hasta ese momento era que la responsable era la jefatura”, explicó al citado medio.
La auditoría realizada en septiembre de 2023 reveló la desaparición de más de 7,000 pollos, valorados en más de 100,000 pesos. Al conocerse el faltante, los trabajadores fueron citados a una reunión donde se les exigió cubrir con su propio dinero el monto perdido.
“Nos pidieron que pusiéramos el dinero”, recordó Martínez Latamblet, quien explicó que la suma resultaba “impagable” incluso si se dividía entre todos. Ante la negativa, se destapó el desfalco y comenzó el proceso legal.
Una granja en crisis prolongada
La granja Lajita 1, situada en el kilómetro 1 de la carretera a Santiago de Cuba, estuvo paralizada por más de 15 años y retomó sus operaciones en 2016 con la intención de fortalecer la producción local de aves. Sin embargo, la falta de pienso, combustible y controles internos ha deteriorado gravemente su funcionamiento.
En este contexto de precariedad, las responsabilidades por los faltantes suelen recaer en los empleados, mientras las irregularidades en los niveles directivos quedan sin consecuencias legales, según denuncian los propios trabajadores.
La apelación de Yanet Martínez podría convertirse en un caso revelador sobre las dinámicas de impunidad y responsabilidad en empresas estatales cubanas, donde la falta de transparencia y el deterioro estructural terminan criminalizando a los eslabones más débiles de la cadena productiva.
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