El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana redobló su estrategia de desplegar tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades y estados gobernados por demócratas, con el argumento de sofocar disturbios y combatir el crimen.
El mandatario considera que algunas urbes viven en una situación de “anarquía” y deben ser intervenidas para garantizar la seguridad interna, incluso proponiendo que estas ciudades sirvan como “campos de entrenamiento” para las fuerzas armadas frente al "enemigo interno".
La Casa Blanca defiende estas acciones como una respuesta a la delincuencia, pero diversas autoridades estatales y municipales acusan a Trump de abuso de poder, de utilizar el aparato militar como herramienta política y de buscar confrontación con administraciones que no comparten su línea ideológica.
La justicia frena el despliegue en Portland
En Portland, Oregón, epicentro de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de tropas federalizadas.
Karin Immergut, designada por el propio Trump durante su primer mandato, emitió una orden de restricción que impide el uso de unidades de la Guardia Nacional en el estado. El fallo llegó después de que la administración intentara movilizar tropas desde California y Texas.
La misma jueza había bloqueado el uso de la Guardia Nacional de Oregón. Immergut cuestionó duramente al equipo legal del gobierno: “¿No están los demandados simplemente eludiendo mi orden?”, dijo.
Telemundo 51 informó que la medida estará vigente por 14 días. Hay una audiencia prevista para el 17 de octubre. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, aplaudió la decisión judicial y advirtió que el estado enfrentará a Trump “en cada paso”.
El alcalde de Portland, Keith Wilson, denunció el uso “indiscriminado” de gas pimienta y municiones de impacto por parte de agentes federales durante las protestas.
Enfrentamientos y despliegue en Chicago
En Chicago, Illinois, el presidente Trump autorizó el envío de 300 efectivos de la Guardia Nacional, pese a la oposición del gobernador J.B. Pritzker, quien denunció la medida como “absolutamente escandalosa y antiestadounidense”.
La decisión se produjo tras enfrentamientos entre agentes de inmigración y manifestantes frente a instalaciones del ICE. En uno de los incidentes, agentes federales dispararon contra una conductora acusada de intentar embestir vehículos oficiales.
La mujer fue trasladada al hospital por sus propios medios, y la situación generó una fuerte reacción entre activistas y defensores de derechos civiles.
Las tropas de la Guardia Nacional aún no se han desplegado formalmente, pero su misión sería proteger instalaciones federales en medio de crecientes tensiones sociales.
La secretaria de Kristi Noem expresó: "Estoy desplegando más operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si hoy ves a un agente del orden público, dale las gracias".
Despliegues desde California y Texas
Este fin de semana, alrededor de 200 miembros de la Guardia Nacional de California fueron movilizados a Portland. Según documentos judiciales, 100 llegaron después de la medianoche del domingo y otros 100 lo hicieron durante la tarde.
Además, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó la activación de hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas para ser desplegados en Oregon, Illinois y otros posibles destinos.
Las autoridades de Oregón denunciaron que se enteraron del despliegue desde Texas apenas 24 minutos antes de la audiencia de emergencia con la jueza Immergut.
Mientras tanto, el Departamento Militar de California confirmó que el Comando Norte del Ejército prevé mantener a los 300 efectivos federalizados hasta finales de enero.
Fundamentos legales y advertencias judiciales
La jueza Immergut afirmó que el uso de tropas federales sin consentimiento estatal podría violar la Décima Enmienda de la Constitución, que garantiza la soberanía de los estados frente al poder central.
Además, advirtió que la intervención militar en asuntos civiles “difumina peligrosamente la línea entre el poder federal civil y militar, en detrimento de esta nación”.
El caso recuerda un fallo anterior en California, donde un juez determinó que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles fue ilegal. Estos reveses judiciales no han frenado a Trump, quien continúa ampliando los despliegues.
Panorama nacional: ciudades bajo intervención
Además de Portland y Chicago, la administración Trump ya ha desplegado fuerzas en otras ciudades gobernadas por demócratas: Washington DC, Los Ángeles (California) y Memphis (Tennessee).
El patrón parece claro: el presidente apunta hacia jurisdicciones donde percibe que sus políticas de “ley y orden” no son bienvenidas.
En redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció el despliegue como un “abuso tal de poder que corta la respiración” y anunció acciones legales. El fiscal general del estado, Rob Bonta, consideró que el presidente está “tomando tanto poder como los tribunales le permitan”.
La serie de despliegues militares ordenados por el presidente Trump ha generado un fuerte choque institucional con gobernadores y alcaldes de estados demócratas, especialmente en Oregón, Illinois y California.
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