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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 16 de noviembre su intención de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), con efecto a partir del lunes 24 de noviembre de 2025.
Según la declaración firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, la organización está dirigido por Nicolás Maduro y altos mandos del régimen chavista, acusados de convertir las estructuras del Estado venezolano —desde el ejército hasta el poder judicial— en instrumentos del narcotráfico y la corrupción.
“El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, señaló el comunicado oficial.
La medida marca un nuevo escalón en la ofensiva diplomática, judicial y militar de Washington contra el chavismo, en un momento de fuerte tensión regional, con EE. UU. realizando un amplio despliegue militar en el Caribe —que incluye buques de guerra y operaciones anfibias— como parte de su estrategia de combate al narcotráfico y de “contención” frente a los gobiernos de Caracas y La Habana.
Un cambio de categoría con efectos inmediatos
Expertos explicaron que la designación previa del Cartel de los Soles correspondía a la categoría SDGT (terroristas globales especialmente designados) del Departamento del Tesoro, enfocada en sanciones financieras.
La nueva designación FTO, sin embargo, marca una diferencia fundamental, pues identifica formalmente a este Cartel como una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
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La nueva designación amplía de manera significativa el marco legal para que Estados Unidos emprenda operaciones, acciones y medidas directas contra la organización y sus integrantes, una vez que la medida entre en vigor.
A partir de entonces, cualquier interlocución con el régimen de Maduro será jurídicamente equivalente a relacionarse con una organización terrorista, con todas las implicaciones legales y políticas que ello conlleva.
Esto significa que empresas, gobiernos o intermediarios que mantengan vínculos con funcionarios del régimen chavista —por ejemplo, en operaciones financieras, comerciales o diplomáticas— podrían ser sancionados bajo las leyes antiterroristas de EE. UU.
Escalada de presión y riesgo regional
La decisión se enmarca en una creciente movilización militar estadounidense en el Caribe y el Atlántico sur, que incluye ejercicios de desembarco y operaciones de interdicción naval contra el narcotráfico.
Washington considera a Venezuela uno de los principales corredores de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en alianza con redes del crimen organizado.
Fuentes de defensa citadas por medios estadounidenses aseguran que el Pentágono evalúa ampliar su presencia en zonas estratégicas del Caribe oriental y reforzar la cooperación con Colombia y países del Caribe anglófono para bloquear rutas del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua.
En respuesta, el régimen de Maduro ha intensificado maniobras militares en la costa norte venezolana y en la isla de La Orchila, donde también ha recibido apoyo logístico de Rusia e Irán.
Repercusiones políticas
Analistas coinciden en que esta designación complica cualquier intento de negociación o levantamiento de sanciones, y coloca a Caracas en un estatus similar al de países o entidades hostiles catalogadas como terroristas.
En términos prácticos, Washington rompe cualquier posibilidad de interlocución directa con Maduro y abre la puerta a operaciones de inteligencia y cooperación militar más agresivas en la región.
En palabras de un funcionario estadounidense citado por Reuters, la medida busca “cortar la cabeza del narcotráfico patrocinado por un Estado y enviar un mensaje claro a sus aliados, especialmente Cuba y Nicaragua”.
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